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Posted by The Archipielago Press on Friday, January 22, 2021
También fueron imputados la exdirectora del laboratorio clínico y un contratista. La Investigación da cuenta de un posible detrimento patrimonial de 22.648 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la exgerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá, Martha Yolanda Ruiz Valdés; a la exdirectora del laboratorio clínico, Nubia Inés Varela Morato; y al contratista Juan Carlos Martínez Concha, como presuntos responsables de irregularidades de contratación entre abril de 2017 y octubre de 2018.
Los hechos que se les atribuyen estarían relacionados con la celebración de tres contratos para el suministro de reactivos, insumos y dispositivos; y la entrega de equipos automatizados, software e Interfax con historia clínica electrónica para los laboratorios central y satélite de la Subred de salud.
El primer contrato, se pactó en 2.020 millones de pesos; sin embargo, producto de varias adiciones ascendió a 8.080 millones de pesos. El segundo, tuvo un valor inicial de 979 millones de pesos, pero, luego de incluir medicamentos e insumos que, supuestamente, faltaban, alcanzó los 3.917 millones de pesos.
El tercero, también habría sido modificado en plazo y presupuesto, y cerró en 496 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que en los procesos contractuales, al parecer, no existieron estudios de mercado ni análisis de precios unitarios de medicamentos e insumos.
Asimismo, detectó que se habría direccionado la contratación a un solo proponente, lo cual limitó la pluralidad de oferentes.
El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, se solicitaron cotizaciones e invitaron a empresas en liquidación, que no contaban con matrícula mercantil ni Registro Único Tributario (RUT). Esto, al parecer, habilitó el laboratorio de Juan Carlos Martínez como la única opción a contratar.
Finalmente, hay evidencia de un posible sobrecosto de 284% en los precios de los medicamentos e insumos detallados en los contratos. De esta manera, se habría causado un detrimento patrimonial superior a 22.648 millones de pesos.
Por estos hechos, una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó a los tres procesados, de acuerdo con rol y presunto grado de participación, los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación, prevaricato por omisión yespeculación.
Posted by The Archipielago Press on Saturday, May 21, 2022
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