Fiscalía judicializó a funcionaria de la Dian que habría suministrado información reservada para favorecer a estructuras delincuenciales que defraudaron al estado

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022.Por solicitud de una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Diana Alexandra Gutiérrez Garay, funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que habría suministrado información reservada, entre otras actuaciones ilícitas, para favorecer a organizaciones delictivas señaladas de defraudar al Estado.

Durante tres años de investigaciones, la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a dos estructuras criminales que, mediante empresas de papel y con facturas falsas, soportaron la adquisición de servicios y activos inexistentes, la mayoría para sectores de construcción, ferretería y publicidad.

Gutiérrez Garay, al parecer, utilizó sus conocimientos y trayectoria de más de 10 años en la entidad para vender información con reserva legal a Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como ‘La Patrona’, entre 2017 y 2019.

Adicionalmente, la servidora, supuestamente, ocultó expedientes administrativos para que cesaran los requerimientos de la DIAN,tanto a vendedores como a los compradores de facturas; asesoró a sociedades ficticias para evadir la acción administrativa y penal, entre otras posibles irregularidades.

Por estas actuaciones la funcionaria habría recibido 111’000.000 millones de pesos.

En ese sentido, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho propio, por ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales; y concierto para delinquir con fines de atentar contra la administración pública o afectar el patrimonio del Estado.

En contexto

Estas acciones se desprenden de una primera fase investigativa contra Olga Lucía Díaz Guzmán, ‘La Patrona’, en la que fueron judicializadas ocho personas señaladas de constituir empresas de papel para elaborar facturas falsas a favor de terceros, con las cuales se apropiaron ilegalmente del IVA y disminuyeron la base gravable del impuesto de renta.

Estos hechos ocurrieron entre 2013 y 2019, periodo en el que fueron reportadas operaciones de comercio con 1.970 personas naturales y jurídicas por valor de 706.000 millones de pesos.