La administración departamental reconoció que la ejecución del proyecto no era conveniente
La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina liberará más de 3.970 millones de pesos luego de que la Procuraduría encontrara que la administración no había llevado a cabo el proyecto para el cual se habían aprobado estos recursos de regalías. El proyecto consistía en dotar con portátiles y tabletas a 3.158 estudiantes del archipiélago durante la pandemia.
La Procuraduría también exigió explicaciones a la Gobernación sobre por qué, un año después de finalizada la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia, el proyecto no se había ejecutado.
El Ministerio Público cuestionó además por qué se aprobó esta iniciativa a pesar de que existían otros cuatro proyectos con el mismo objetivo, dirigidos a los mismos beneficiarios y que ya habían sido ejecutados.
La Gobernación intentó justificar el proyecto al intentar cambiar su objetivo, pero la Procuraduría no aprobó dicha modificación. Según la Procuraduría, el proyecto se formuló y aprobó para atender de manera urgente las necesidades generadas por la emergencia de la COVID-19, la cual finalizó en junio de 2022. Por lo tanto, realizar actividades distintas a la dotación de equipos y conectividad en las instituciones educativas seleccionadas pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
En última instancia, la administración departamental reconoció que la ejecución del proyecto no era conveniente y ahora deberá presentar la solicitud de liberación de los recursos al OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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