
En una nueva jornada en la preparatoria de juicio que se le sigue al exdiputado Nicolás Petro, quien responde por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Procuraduría General de la Nación tomó la palabra para oponerse a varias pruebas que quiere que el juez Hugo Carbonó tenga en cuenta al momento de dictar su sentencia, informó el diario El Tiempo.
El vocero del Ministerio Público indicó este martes que no es válido procesalmente que la defensa, encabezada en el penalista Alejandro Carranza, pretenda llevar a la etapa decisiva informes de prensa que si bien gozan de todas las garantías para sus publicaciones, no tienen mayor peso jurídico en los estrados.
Por eso, para él es inadmisible que este tipo de pruebas, así como las declaraciones de Julio César Díaz y Blanca Isabel Gutiérrez a un investigador de la defensa, puedan llevarse al juicio, que se instalará apenas terminen las audiencias preparatorias en las que Hugo Carbonó definirá cuáles elementos son válidos para la siguiente etapa.
«Esa fue una entrevista rendida por fuera del juicio, por lo tanto no puede ser considerada como prueba. Aquí la señora Blanca Isabel Gutiérrez estará como testigo, y eso que ella dijo en esa declaración podrá servir para refrescar memoria, o para impugnar su credibilidad, pero es bajo la declaración bajo juramente, y no por la introducción de un video de una entrevista que no se sabe cómo fue obtenida», reseñó el procurador Henry Bustos.
Otra de las oposiciones que hizo tiene que ver con informes de policía judicial presentados por investigadores de la Fiscalía como Juan Camilo López, sobre los cuales manifestó que no son prueba: «Igual sucede con el de Víctor Forero, que será objeto de interrogatorio».
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«Hay una situación que le pareció al Ministerio Público bastante inédita, y está relacionada con la solicitud que hace el defensor, en punto a que usted ordene que se entregue el celular de Day Vásquez, para efectos de que la defensa pueda extraer de allí alguna información. Esa, debo decirlo, es una actividad investigativa absolutamente válida, pero no en este escenario», también advirtió Bustos.
En la audiencia también aprovechó para oponerse a una solicitud de pruebas que había pedido incluir la fiscal Lucy Laborde, asignada para este caso en el que la tesis de la investigadora es que Nicolás Petro junto a su expareja Day Vásquez se habría quedado con 1.054 millones de pesos que no tiene cómo justificar, luego de haberlos recibido de personas reconocidas en el Caribe como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca.
Al parecer, ellos querían aportar a la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia hace tres años, pero el exdiputado no habría notificado a su papá ni su equipo de esos dineros, sino que se los habría embolsillado. La versión del acusado es que él es inocente de tales actuaciones.

















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