La Fiscalía tiene indicios de que habrían recibido dádivas para direccionar dos contratos por
2.000 millones de pesos.
Bogotá D.C., 29 de enero de 202. La Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario de Salud de San Andrés Islas, Heyder Enrique Avendaño Villa; a la exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación; Ainn Zulema Conolly Quinn; y al contratista José Julián Carvajal Mejía, por presuntas irregularidades en dos contratos de telemedicina, cuyo valor ascendió a 2.000 millones de pesos.
Los elementos de prueba recaudados permitieron conocer que estas personas habrían
participado en las fases precontractual, ejecución y liquidación de los contratos, en los que se
acreditó un supuesto sobrecosto de 900 millones de pesos.
Adicionalmente, hay indicios de que, al parecer, recibieron 100 millones de pesos para
favorecer al contratista en la adjudicación.
El primer contrato investigado fue suscrito el 6 de diciembre de 2016 y tenía plazo de ejecución de 31 días. El objeto era realizar el ‘Plan Piloto de Consulta Teleasistida por Especialista para Mejorar la Oportunidad en la Atención en Salud en San Andrés y Providencia’.
El segundo contrato se firmó el 28 de febrero de 2017, y contempló el mismo propósito del
celebrado tres meses antes, pero con una vigencia de ejecución de 10 meses. Aquí se acordó el desembolso del 40% de 1.795 millones de pesos, que era el monto total, con la firma del
acta de inicio.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Salud de la Dirección Especializada contra la
Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los
procesados.
Esta acción investigativa responde al Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, establecido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que priorizó el esclarecimiento de hechos de corrupción y la judicialización de los responsables.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
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