En el marco de una accion popular, se realizó una inspección judicial presencial en las playas de Rocky Cay, con la participación de la magistrada Edith Carreño y representantes de las secretarías de Seguridad y Convivencia, Turismo, Planeación y Gobierno, Policía Nacional, Dimar, Coralina, Fuerza Aérea Colombiana y la comunidad del sector.
Durante la jornada se verificaron las condiciones actuales de los establecimientos y la ocupación del espacio de playa por parte de prestadores turísticos, así como la presencia de estructuras permanentes en esta zona. Las entidades participantes revisaron la situación desde sus respectivas competencias y acordaron continuar con las acciones necesarias para avanzar en la organización de este espacio.
La inspección también permitió abordar la necesidad de garantizar un manejo adecuado de la playa, teniendo en cuenta tanto las condiciones sociales como los aspectos ambientales asociados a su uso.
Desde hace rato propietarios de viviendas y negocios en el sector han denunciado quejas por las ocuoaciones, venta de drogas, hallazgos de jeringas para suministrar alucinogenos, y tanto la DIMAR, Coralina y Gobernación tienen identificadas las construcciones ilegales y deben ejecutar la orden de desalojo, para lo cual han sido notificados los ocupantes irregulares que tambien reclaman “derechos” imexistentes pero que apelan a vias de hecho bloqueando la Circunvalar en la zona, obligando a que la Gobernación ceda a sus pretensiones ilegales. Ya hay un fallo del Tribunal Contencioso que ordenó el respectivo desalojo.
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