JUEZ DICE QUE EN EL CASO DE CORRUPCIÓN DE LA UNGRD SE PROBÓ UN ENTRAMADO CRIMINAL DESDE LA CASA DE NARIÑO QUE PERMEÓ DOS RAMAS DEL PODER PÚBLICO QUE SE DEBEN HACER CONTROL EN EL ESQUEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS El juez de control de garantías, que definió la medida de aseguramiento en contra del exdirector de la UNGRD, Olmedo López y al exsubdirector Sneyder Pinilla, se despachó con dureza en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por el entramado de corrupción en esa entidad, el cual ha generado un profundo rechazo a nivel nacional. En una primera valoración que realiza un juez de la república, sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía, frente a los hechos de corrupción, el funcionario judicial señaló que sí se comprobó un “entramado”, en el cual participaron funcionarios públicos de alto nivel. “En este caso transitaron en maletas más de cuatro, mil cinco mil millones de pesos, se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención como en este caso la alta consejera para las Regiones quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del senado el doctor Iván Name, pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cuantía de dinero so pena de verme inmersa en una investigación por lado activos si me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle”, dijo, visiblemente molesto el juez. Y avanzó en el regaño: “Por tanto no es una actuación marginal, no es una actuación accidental, la participación de ciudadanos que se prestan para realizar ese tránsito de dinero, también como lo es un jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor de apellido Llanos, que también se prestó para transitar con altas sumas de dinero en la ciudad de Bogotá a instancias justamente de Luis Eduardo López”. “Por lo cual considera el despacho, que en este punto debe decir que si se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios ese entramado de ciudadanos que participan funcionarios públicos, en particular de altas esferas del Estado, es que la reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali un sector deprimido de Cali o en el barrio San Bernardo de Bogotá, la reunión se realizaba nada más y nada menos que en la Casa de Nariño en la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque desde allí es donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano y allí se hacían las reuniones”, expresó en los argumentos de la medida de aseguramiento. Y para sorpresa de los asistentes a la audiencia, el juez hizo mención al caso de la extraña muerte del teniente coronel de la Policía, Óscar Darío Dávila Torres, coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República, hecho que se registró el 9 de junio de 2023. “Qué policía va a hacer algo allá, le podía pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente presuntamente se quedó con un dinero de una funcional también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño”, detalló el funcionario judicial. Fue más allá en su candente intervención: “Era allí (Casa de Nariño) donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos, a instancias se dijo por parte de la Fiscalía del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del Dapre, del director de Función Pública y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos, para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación”. “Por lo que encuentra el despacho, que ese entramado criminal desafortunadamente y con absoluta vergüenza, debe decir este operador judicial, permeó estructuras del Estado, que incorporan por lo menos dos ramas del poder público, que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos, que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial”.
Posted by The Archipielago Press on Saturday, August 31, 2024
El juez de control de garantías, que definió la medida de aseguramiento en contra del exdirector de la UNGRD, Olmedo López y al exsubdirector Sneyder Pinilla, se despachó con dureza en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por el entramado de corrupción en esa entidad, el cual ha generado un profundo rechazo a nivel nacional.
En una primera valoración que realiza un juez de la república, sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía, frente a los hechos de corrupción, el funcionario judicial señaló que sí se comprobó un “entramado”, en el cual participaron funcionarios públicos de alto nivel.
“En este caso transitaron en maletas más de cuatro, mil cinco mil millones de pesos, se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención como en este caso la alta consejera para las Regiones quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del senado el doctor Iván Name, pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cuantía de dinero so pena de verme inmersa en una investigación por lado activos si me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle”, dijo, visiblemente molesto el juez.
Y avanzó en el regaño: “Por tanto no es una actuación marginal, no es una actuación accidental, la participación de ciudadanos que se prestan para realizar ese tránsito de dinero, también como lo es un jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor de apellido Llanos, que también se prestó para transitar con altas sumas de dinero en la ciudad de Bogotá a instancias justamente de Luis Eduardo López”.
“Por lo cual considera el despacho, que en este punto debe decir que si se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios ese entramado de ciudadanos que participan funcionarios públicos, en particular de altas esferas del Estado, es que la reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali un sector deprimido de Cali o en el barrio San Bernardo de Bogotá, la reunión se realizaba nada más y nada menos que en la Casa de Nariño en la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque desde allí es donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano y allí se hacían las reuniones”, expresó en los argumentos de la medida de aseguramiento.
Y para sorpresa de los asistentes a la audiencia, el juez hizo mención al caso de la extraña muerte del teniente coronel de la Policía, Óscar Darío Dávila Torres, coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República, hecho que se registró el 9 de junio de 2023.
“Qué policía va a hacer algo allá, le podía pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente presuntamente se quedó con un dinero de una funcional también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño”, detalló el funcionario judicial.
Fue más allá en su candente intervención: “Era allí (Casa de Nariño) donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos, a instancias se dijo por parte de la Fiscalía del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del Dapre, del director de Función Pública y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos, para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación”.
“Por lo que encuentra el despacho, que ese entramado criminal desafortunadamente y con absoluta vergüenza, debe decir este operador judicial, permeó estructuras del Estado, que incorporan por lo menos dos ramas del poder público, que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos, que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial”.
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