El Juzgado Primero Civil del Circuito revocó un fallo de tutela del Juzgado Primero Civil Municipal que había negado una acción de tutela impetrada por la Asociación de Padres de Familia del Colegio Bolivariano contra la Secretaría de Ecuación Departamental por haber ordenado el traslado de los estudiantes de los salones del colegio Antonio Nariño a la nueva edificación aún sin terminar.
El fallo judicial considera que el juez de primera instancia se equivocó al negar las pretensiones de los tutelantes alegando la no existencia de riesgo para los estudiantes al no concluirse la totalidad de la obra de ese nuevo colegio.
Para el fallador de segunda instancia no hay condiciones de seguridad que violan los derechos de los niños que en todo caso son prevalentes porque hay riesgos ciertos como quiera que no se ha concluido el cierre perimetral, lo que existe es un encerramiento con láminas de zinc, no hay áreas de tránsito de estudiantes pavimentadas, existen cables eléctricos expuestos, no hay rampas para discapacitados, etc.
Que estas situaciones quedaron evidenciadas tanto en archivos fotográficos aportados por los tutelantes, así como en inspecciones efectuadas por la Procuraduria y Defensora del Pueblo además por la misma juez de tutela de la primera instancia donde tanto ella comprobó que el cerramiento estaba en contratación como el mismo gobernador reconoció que el cerramiento hacía falta.
También la defensora del Pueblo advirtió del riesgo para los estudiantes por tratarse de zonas montañosas que ponían en peligro la integridad de los estudiantes como la mísma afectación que por falta de tal cerramiento padecían las edificaciones vecinas porque los jóvenes en su indisciplina arrojan piedras desde el colegio que caen en sus techos, siendo esa dependencia del Ministerio Público una de las afectadas.
Para los tutelantes y el fallador, la juez de tutela tomó en cuenta para fallar un certificado de carencia de riesgos de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Departamento la cual no resultó imparcial por ser una dependencia funcional de la propia Gobernación que es la demandada, y no tuvo en cuenta las pruebas aportadas.
El operador judicial recordó además que la Secretaría de Educación en reunión con los padres de familia acordaron no trasladar los estudiantes hasta tanto no concluir la totalidad de las obras y sinembargo decidieron el traslado de manera unilateral por lo que instó a cumplir los compromisos acordados y a agilizar las acciones tendientes a concluir las obras que se requieren para la seguridad de ‘os estudiantes.
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