Por César Pizarro Barcasnegras*
Una insólita actuación político administrativa con visos jurídicos madrugaron a cumplir en este primer día del año 2021, los seis diputados de la nueva coalición mayoritaria de la Asamblea Departamental, nunca antes visto en esa corporación.
Tanto así que en la mencionada sesión se produjo una «autoposesión» como quiera que el propio diputado Escorcio Christopher Pomare dio inicio a la sesión, empezó a presidir ésta y luego de eso él mismo se juramentó y se posesionó como nuevo Presidente de la Duma, con lo cual se alarga el ya gigantesco fiasco que viene haciendo esa corporación desde finales de noviembre cuando se enfrascaron dos bandos en un pleito por la Presidencia de la Duma, que dejó como presidenta posesionada por el saliente presidente que es el legitimado para posesionar al siguiente, a la liberal Margith Bandera Espitia.
Lo del diputado Escorcio Christopher que reclama su derecho aparentemente vulnerado por el saliente presidente Carlos Carvajal Jiménez por no ajustarse a la literalidad del Reglamento Interno al momento de ser elegido, no está revestido de legalidad alguna, como quiera que éste reclamo lo llevó dos veces, a instancia suya y de los compañeros que lo eligieron y de su propio hermano, al terreno jurídico mediante sendas acciones de tutela y una demanda de nulidad electoral, las cuales hasta la fecha no le ha concedido ningún juez de la República, por lo tanto su actuación de hoy estaría yendo en contra de las mismas decisiones jurídicas que reclamó y que no le han sido reconocidas.
Cuando Christopher y sus colegas y aliados decidieron ir al campo jurídico para reclamar un derecho vulnerado, de facto asumieron que no tienen legalmente reconocida la Presidencia de la Asamblea y por ello comparecieron ante los tribunales para que se los reconozca, lo cual los obliga a esperar los fallos jurídicos que así lo determinen.
Entre tanto, la posesión de la diputada Margith Bandera Espitia está revestida de la presunción de legalidad, como quiera que así quedó en actas de elección y en actas de posesión suscritas por el saliente presidente de la Duma Carlos Carvajal.
Este penoso y enojoso episodio de la Asamblea Departamental de San Andrés donde de lado y lado parece haberse usurpado el mandato de ley, amerita una seria y ejemplarizante investigación tanto penal como disciplinaria, ya que varios diputados de ambos bandos podrían estar incursos en el delito de prevaricato por acción, al violentar las leyes y normas vigentes de manera flagrante.
*Abogado y Comunicador Social
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