El 7 de noviembre se hizo público un video en el que Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, menciona que “el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes”, se refiere al rol de los influencers en la comunicación de noticias y dice que las campañas contra medios como Caracol, RCN y Semana “han dado resultados”. El video, en el que Bolívar aparece en medio de una videollamada, ha generado cuestionamientos por la posible intervención del Gobierno en campañas de desprestigio en redes sociales contra medios de comunicación.
Durante los últimos dos años se han observado tendencias de desprestigio y acoso en redes sociales contra medios de comunicación. Estas campañas no solo critican a los medios de comunicación sino que también incluyen insultos, acoso y, en ocasiones, amenazas contra periodistas y medios. Además, si bien las conversaciones contienen actividad orgánica auténtica, ellas también reflejan patrones de actividad coordinada. Las declaraciones de Bolívar son un indicio alarmante de que estas acciones pueden haber contado con apoyo desde el Gobierno, lo que constituye una amenaza seria al ejercicio de la libertad de prensa.
Las declaraciones de Bolívar contradicen el deber de los funcionarios de promover un entorno seguro y libre de presiones para el ejercicio periodístico. En este sentido, los estándares internacionales de libertad de prensa no solo exigen que los funcionarios públicos mantengan un alto grado de tolerancia hacia el trabajo de la prensa sino que obligan a los funcionarios a proteger a los medios y a sus periodistas de cualquier tipo de intimidación o acoso.
En respuesta a la publicación del video, Gustavo Bolívar sostuvo en la red social X que estas declaraciones se dieron en una conversación privada y que no debe rendir cuentas por lo que dice en estos espacios. En la FLIP encontramos que esta respuesta es insatisfactoria y evasiva. El espacio privado en este caso no disminuye el interés público de lo dicho. Dado el rol de Bolívar como alto funcionario, sus palabras sobre los “resultados” de campañas contra medios de comunicación requieren una explicación detallada y pública. La gravedad de sus afirmaciones exige que responda claramente sobre a qué se refiere cuando habla de estas campañas y de sus supuestos resultados.
Por otra parte, tanto Gustavo Bolívar como el presidente Gustavo Petro publicaron mensajes cuestionando que este video haya llegado a Revista Semana. Estos mensajes sugieren, sin pruebas, que el medio de comunicación está realizando alguna actividad irregular al publicar este tipo de materiales. En relación con esto, recordamos que los medios de comunicación tienen el derecho de recibir y publicar este tipo de materiales proporcionados por fuentes reservadas, una práctica legítima amparada por estándares constitucionales de libertad de prensa. En segundo lugar, con estas declaraciones, el gobierno busca desviar la atención de las graves afirmaciones de Bolívar.
Frente al argumento de que el video se capturó en una conversación privada, vale la pena recordar la decisión tomada por la Corte Constitucional en la sentencia T-203 de 2022. En esta decisión, la Corte encontró que había sido legítima la difusión no autorizada de un audio en el que se escuchaba al por entonces gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, Juan Pablo Bieri, involucrado en un acto de censura. En la sentencia, este tribunal sostuvo que: “si bien desde el punto de vista del lugar en que se realizó el encuentro existía alguna expectativa de privacidad, lo cierto es que la reunión se desenvolvió en el plano de asuntos que no están amparados por una reserva especial y que, prima facie, son de importancia social”. En consecuencia, concluyó que la actuación de la persona que reveló el audio se encontraba “protegida por la Constitución Política, debido a que es un acto destinado a encender las alarmas a favor de la democracia, antes la evidencia de los mencionados actos de censura”.
Desde la FLIP instamos al gobierno del presidente Gustavo Petro a aclarar públicamente su relación con estas campañas de desprestigio y a tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con la libertad de prensa en el país. Cualquier intento de limitar o coartar el ejercicio informativo es contrario a las normas internacionales de derechos humanos y afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y diversa.
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