La principal afectación que ha dejado el Covid19 en San Andrés ha sido, primero que todo e empleo, y luego a la empresa privada impactando severamente la economía insular, ya que al día de hoy son varios los empleadores que han tenido que liquidar trabajadores, y cerrar negocios que después de las medidas de confinamiento obligatorio por la pandemia, no aspiran a reabrir en el corto plazo.
Si bien es cierto que desde el primer día el empleo y las finanzas empezaron a verse afectadas, conforme han ido pasando los meses, ya han sido desvinculados definitivamente decenas de empleados que en principio solo habían dejado de recibir sus sueldos completos (algunos les pagaban el 30 por ciento más seguridad social y a otros solo ésta última), pero ya han perdido sus plazas de trabajo y sus empleadores afrontan una inminente quiebra de continuar la parálisis del aparato productivo.
Aunque son varios los casos, THE ARCHIPIELAGO PRESS ha conocido puntualmente el caso de dos empresarios que en la última semana ya debieron liquidar a un promedio de 150 empleados de sus varios negocios del sector de la gastronomía y el entretenimiento nocturno, en diferentes establecimientos de la ciudad.
Lo peor de todo es que sus aspiraciones no son las de reabrir por ahora, ya que son sectores que demorarán en estar listos para volver a funcionar de acuerdo a lo que ha anunciado el Gobierno y lo que recomiendan los expertos frente a las medidas de distanciamiento social que ameritan protocolos extremados que difícilmente podrían cumplir algunos negocios sin que la operación de éstos resulte deficitaria, ya que se debe restringir la capacidad de permanencia en recintos cerrados.
No obstante, algunos guarismos catastrofistas ya hablan de más de cinco mil desempleados en la isla (se desconoce si ya fueron liquidados conforme a la Ley), lo cual necesariamente empujará a un éxodo de mucha gente que entenderá que debido a la pérdida del empleo y a que en el panorama no se avizora la reapertura pronta de la hotelería, habrá mucha gente que entenderá que es hora de regresar a sus sitios de origen porque ahora sí, ya no hay cama parta tanta gente.
Al término de la cuarentena el panorama de San Andrés serás más dramático por que serán muy pocos los empleos que habrán sobrevivido, y probablemente varios muchos los negocios clausurados, ya que no disponían de ahorro suficiente para enfrentar coyunturas como estas, y la falta de producción del día a día -con los que solventaban sus gastos fijos o costos operativos-, convirtió sus patrimonios y activos en meros pasivos, producto de los costos de arriendos, nominas, servicios públicos, etc.
Hoy día pululan muchos locales vacíos, desocupados y devueltos por comerciantes que por años los ocupaban y en algunos se pueden leer avisos de se arrienda. Lo único positivo que podría salir de esta situación es que se ponga en sus justas proporciones el costo de arrendamiento de un local ante la demasiada oferta de locales en arriendo, ya que los precios estaban por las nubes y sus propietarios abusaban de altos costos ante la necesidad de muchos comerciantes. Ahora serán los arrendadores los que tendrán que aceptar las condiciones de los arrendatarios que con la demasiada oferta de locales vacíos podrá escoger el que mejor precio le conceda, cuando se vuelva a reabrir la vida comercial de la isla.
Peor aún si muchos de estos negocios dependen de la llegada de turistas, de la reapertura de aeropuertos, de la capacidad financiera de muchos hogares y personas en Colombia y el exterior para viajar a la isla, y del miedo tanto de viajeros como de lugareños a que el Covid19 pueda ser adquirido en un aeródromo, avión o lo traigan a la isla.
El turismo y los destinos turísticos dependen de la confiabilidad que pueda ofrecer el producto, pero en estos momentos lo que menos habrá será confianza, y solo hasta cuando haya una vacuna, y se exija una especie de “Free Covid Passport”, se recuperará la confianza, y los expertos calculan que deberán pasar varios meses más antes de que ello pueda ocurrir, por lo que los estimativos más optimistas calculan que ello solo puede ocurrir en un lapso de entre 12 y 18 meses.
Un respiro que podría tener la economía insular sería la decisión de abrir internamente algunas actividades comerciales, y en cierta forma las buenas noticias que esta semana se han producido alrededor del sonado caso del barco Susurro -más allá de las discusiones en redes sociales sobre errores cometidos-, ya sin los marinos en la isla y con todas las pruebas negativas, que reducen a nueve los casos de contagiados activos (cinco en San Andrés y cuatro en Providencia más los seis recuperados), facilitarían la posibilidad de que el Gobierno ordene una gradual operatividad de comercios, pero bajo los parámetros de aislamiento social y protocolos biosanitarios, con lo cual se podrían reactivar de forma incipiente algunos negocios, aunque el dinero que pone a circular el turismo siempre estará haciendo falta.
Y aunque luego de declarar el estado de emergencia, el gobierno y diversas entidades han implementado medidas laborales para que empleadores y empleados dispongan de ellas, y protejan el empleo, protejan los pensionados, retiren cesantías, etc., este portafolio de decretos legislativos, resoluciones y circulares que el Estado colombiano ha emitido han servido de muy poco debido a que la difícil situación económica por la que atraviesan las empresas sin flujo de caja y con varias nominas pendientes, prácticamente ha hecho inviable que se pueda garantizar la continuidad laboral y las empresas han optado por empezar a liquidar empleados y no continuar generando pasivos, con la esperanza de que en una futura reapertura, comiencen una nueva relación laboral cuando estén dadas las condiciones.
Algunos de los tantos actos administrativos emitidos por el Gobierno son la Circular 0021 del 17 de marzo de 2020, por medio de la cual se estableció el trabajo en casa, teletrabajo (con las llamadas tics), las jornadas laborales flexibles, las vacaciones anuales anticipadas y colectivas, los permisos remunerados o los pagos de salarios sin prestación del servicio; la Circular 0033 (abril 17 de 2020) – Mintrabajo en la que se establecen cuatro nuevos mecanismos para que empresas y empleados dispongan de ellas, en medio de la pandemia, y así eviten despidos; la Circular 0027 (marzo 30 de 2020) – Mintrabajo sobre la prohibición a empleadores de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas; la Circular 0021 (marzo 17 de 2020) – Mintrabajo sobre medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del covid-19 y de la declaración de estado de emergencia sanitaria; la Resolución 0803 (marzo 19 de 2020) – Mintrabajo que determina que el Ministerio del Trabajo evaluará las solicitudes de autorización de despidos colectivos o suspensión temporal de actividades hasta por 120 días, a raíz de la emergencia sanitaria generada por el covid-19 y el Decreto legislativo 639 (mayo 8 de 2020) – Ministerio de Hacienda, con la que se crea el programa de apoyo al empleo formal -PAEF-, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el decreto 637 de 2020.
Este último Decreto Legislativo tiene por objeto otorgar al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, a aquellas empresas que se hayan constituido antes del 10 de enero de 2020; cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019, demuestren la necesidad del aporte estatal, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus ingresos, contar con un producto de depósito en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que el número de empleos formales se mantendrán en el mes correspondiente a través del aporte estatal objeto de este programa, para de esta manera ayudar a pagar nóminas.
Aun así, los empresarios se han quejado que la banca colombiana, ha restringido el acceso a estos programas, negando conocer de los mismos, y por el contrario lo que han hecho es ofrecer únicamente sus productos a sus tasas de interés pre establecidas antes del Covid19, las cuales se cuentan entre las más altas tasas de usura del sector financiero en el mundo, por lo que han sido muy pocos los que han podido acceder a las ayudas económicas establecidas por el Gobierno para garantizar la no perdida del empleo de los sanandresanos, y hoy día ya muchos, han desocupado y devuelto locales comerciales, y liquidado empleados a esperas de que en algunos meses las cosas puedan volver a la normalidad y optar por reabrir negocios que la pandemia les hizo cerrar.
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