Se avanza en la apertura de San Andrés y Providencia, algunos vuelos se reanudan, el turismo vuelve lentamente a pesar del Covid-19 que ha impactado a los isleños. Las dificultades son muchas, el gobernador está en su casa más que por cuarentena cumpliendo una decisión judicial de prisión domiciliaria, hay en alguna medida desabastecimiento de alimentos, la educación en parte se encuentra interrumpida aun cuando con la tecnología y la virtualidad sigue adelante e igual ocurre con las actividades de pesca. Los raizales durante los últimos tres meses han entendido que deben seguir instrucciones y protocolos para evitar contagios, en defensa de sus vidas, el virus no logró doblegar la capacidad de resistencia.Destaco el esfuerzo y la participación del gobierno nacional con este propósito, la presencia de abnegados compatriotas, particularmente de la Armada Nacional y de profesionales del ramo de la salud, de epidemiólogos al servicio de la población. Continuaremos atentos a la salida de la vacuna contra la pandemia, cuando ello ocurra será clave su llegada y la correspondiente aplicación masiva e importante insistir en el cumplimiento de las medidas adoptadas frente a la pandemia, que, para el caso de San Andrés incluyen prueba de antígenos a los viajeros cuyo resultado debe ser negativo y no mayor de cuarenta y ocho horas.
Esto en cuanto a la situación actual de nuestros compatriotas isleños, de nuevo y por enésima vez afirmamos, a pocos meses de conocer nuevas sentencias de la Corte de la Haya en relación con las demandas de Nicaragua sobre incumplimiento del fallo proferido en el 2012, que reconoce la soberanía sobre el archipiélago pero desconoce la calidad de frontera marítima del meridiano 82 y de la ilegítima aspiración de extender su plataforma continental casi hasta Cartagena, que no podemos aceptar la pérdida de un centímetro de mar, ni de territorio. La sentencia de hace ocho años es inejecutable y la Corte Internacional de Justicia carece de facultad para decretar la extensión de plataformas, el análisis del tema corresponde a una Comisión de la Organización de Naciones Unidas cauta en la adopción de decisiones respecto de las consultas sometidas a su consideración. Ilógico sería crear jurisprudencia que anule tratados perpetuos e intangibles de límites propiciando la activación de conflictos en el mundo entre numerosos Estados.
Queremos diplomacia abierta y no cerrada, increíble que el Congreso de la República jamás haya debatido el asunto producto de un acto ilícito internacional. Hoy adquiere más vigencia la admonición de Laureano Gómez manifestada en 1935: “La sombra siquiera de un compromiso internacional que adquiera Colombia de alterar o revisar sus límites por la decisión de un organismo internacional, así sea el más alto, respetable e imparcial, es en grado suma peligrosa porque ninguna Nación debe contrae compromisos jurídicos que no le sea lícito o factible cumplir.” Los ciudadanos tenemos derecho a saber en concreto cuál es la posición del Estado y hasta dónde vamos a llegar, antes de que se produzca un nuevo zarpazo.
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