(Captura de imagen de Facebook) Nicaragua se ha convertido para los colombianos en una pesadilla que parece nunca terminar. Además del dolor de haber perdido 75.000 kilómetros de mar tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Managua decidió poner todas sus cartas sobre la mesa y dejar en claro que quiere más mar, no solo de Colombia sino de otros países vecinos como Jamaica, Honduras, Panamá y Costa Rica. A este último también quiere quitarle la provincia de Guanacaste.
Mientras la Cancillería colombiana ha tardado casi un año en trazar una estrategia para defender la soberanía nacional y preparar la apelación al mencionado fallo, el gobierno de Nicaragua parece tenerla clara para reclamar para su territorio una mayor porción de mar continental. Una segunda demanda fue admitida en La Haya, esta vez para que se tracen nuevas fronteras, y el país centroamericano reclama para sí cerca de 200 millas náuticas desde sus costas.
Sin embargo, ante esas pretensiones, aún se desconoce la estrategia del gobierno colombiano. Por eso en el Congreso de la República, la Comisión de Asuntos Internacionales encendió las alarmas y citó a la ministra María Ángela Holguín para que, en sesión reservada, explique la forma como el Gobierno defenderá al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En efecto, el pasado 3 de octubre, en un comunicado publicado en la página oficial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa de Nicaragua”, se devela la segunda parte de la estrategia jurídica de ese país para que mediante un nuevo fallo se establezcan de una vez por todas los límites definitivos con Colombia como lo señala el documento.
Otra de las estrategias de Nicaragua que quedó en evidencia es tratar de convencer a la Corte de La Haya de que si bien esta es una nueva demanda, debería ser interpretada como la segunda parte de la primera, teniendo en cuenta que en el primer fallo no se definió con precisión el nuevo límite marítimo entre los dos países.
El fallo de noviembre del 2012 no reconoció más el meridiano 82 como límite, pero ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, desconociendo a su vez los derechos de los raizales, de las comunidades pesqueras y de todo el pueblo sanandresano que vive exclusivamente de la pesca y el turismo.
Esta nueva demanda pretende que la Corte declare los límites. Además, con la teoría del mar extendido, Nicaragua pretende aguas que colindan las costas de Cartagena. En ese marco, está en riesgo una zona en la que hay petróleo y la reserva sea Flower, una de las más grandes del mundo y que está protegida por la ONU.
Lo peor del caso es que Colombia sólo se retiró de la jurisdicción de la Corte de La Haya después de conocerse el primer fallo, es decir, de forma tardía, pues la segunda demanda de Nicaragua fue admitida cuando Colombia seguía reconociendo la competencia de este tribunal internacional.
Ante este panorama, la estrategia de defensa de Colombia se advierte improvisada, lo cual contrasta con la habilidad del gobierno nicaragüense y la solidez de los abogados que desde hace varias décadas han liderado su estrategia. Por su parte, Colombia ha dado bandazos no sólo en la estrategia, también en los encargados de defender los intereses del país en La Haya.
De hecho, según el comunicado de la Corte, sólo el pasado 14 de agosto del 2014, Colombia apeló al artículo 79 del reglamento del tribunal y planteó objeciones preliminares a la competencia de la Corte, confirmando que no acepta su jurisdicción para conocer este caso, en concordancia con su retiro del Pacto de Bogotá, su no adhesión a la Convención sobre Derecho del Mar y al respeto del fallo de la Corte Constitucional colombiana.
Referendo, la mejor estrategia
La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, en diálogo con Semana.com, no ocultó su preocupación ante un fallo adverso que llevaría a que el archipiélago quedara enclavado en aguas de Nicaragua (si es que la Corte falla en ese sentido), lo cual supondría una situación crítica para los habitantes, que, por ejemplo, tendrían que pedir visado para poder ejercer la pesca, una de las principales fuentes económicas del archipiélago.
Por eso, Guerrero, aunque respaldó al Gobierno en la estrategia de defensa, sugirió que esta vez sí se vinculen las voces del pueblo raizal dentro de la discusión, algo que no sucedió en la estrategia ante la primera demanda de Nicaragua. “El proceso de defensa debe tener una reorientación que incorpore la voz del sanandresano dentro de esa discusión”.
Para la gobernadora, “no sabemos cuál es la estrategia del Gobierno”, pero se sumó a las voces que, como las del uribismo, consideran que el Ejecutivo debe desacatar el fallo y convocar un referendo para que el pueblo colombiano se pronuncie sobre la pertenencia de San Andrés. “En el país tendría que surgir la idea del referendo. Nosotros somos colombianos, no acatamos el fallo, que nos vean con ojos de protección que debe haber con un pueblo que ha estado en la consolidación histórica del territorio colombiano”, explicó Aury Guerrero.
Desde el Congreso, la senadora Teresita García, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, afirmó que respalda firmemente la defensa jurídica del gobierno nacional, y ha manifestado que se deben corregir los yerros del pasado, pues Colombia no está dispuesta a perder un centímetro más de territorio. “Hay que hacerle entender a la corte que los raizales, los pescadores y la comunidad en general de San Andrés tienen unos derechos adquiridos milenariamente que no deben ser desconocidos”
“Las pretensiones de Nicaragua son absurdas, ellos buscan el reconocimiento de las 200 millas que si analizamos, darían casi en las costas de Cartagena, pues que entonces nos devuelvan la costa de Mosquitos, que si la contamos desde San Andrés, también hace parte de la plataforma extendida colombiana”, dijo.
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