Por Richard Aguirre FernándezSon alrededor de 79.000 habitantes, principalmente, con dificultades para que les garanticen el derecho a la salud.
San Andrés tiene 79 mil habitantes según el Dane, la visitan alrededor de un millón de turistas cada año, según la Gobernación, y aunque sus playas están nominadas como Playa Líder en el World Travel Awards, los isleños tienen problemas que enfrentar cada día.
Cuando se habla con los habitantes, plantean que la salud es el asunto que más les preocupa e inquieta. Sin embargo hay otros frentes como acceso a agua, microtráfico y distintos tipos de violencia que les generan dolores de cabeza, sin contar la preocupación económica, que se acentuó con la pandemia y el cierre que sufrió el país entre marzo y abril.
De acuerdo con el portal Terridata del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cobertura en acueducto apenas es del 36,7 %, mientras que en Colombia la cobertura llega al 84 %. En cuanto a alcantarillado, el DNP señala que en la isla la cobertura es apenas del 16,6 %, mientras que en el país llega al 76,6 %. Según la Presidencia, con corte a julio, se habían instalados 27,5 mil metros de tuberías y construido alrededor de tres mil redes de conexión domiciliaria.
Estos trabajos tienen el objetivo de “disminuir las pérdidas técnicas y comerciales de agua del sistema de acueducto, mediante la renovación de las redes de distribución”, destaca la Presidencia en su página web. Desde 2017, a través de un contrato con Findeter, se invierten $27.000 millones en “renovación de redes de acueducto en la isla”.
Sin embargo, Luz Christopher Britton, presidenta la Asociación Cane Root, considera que, pese a que hay obras, la situación no ha cambiado. “San Andrés parece detenida en el tiempo, no hay mucho que haya cambiado y los problemas siguen siendo los mismos de siempre”, lamenta Britton.
El 1 de octubre pasado San Andrés volvió a los titulares de prensa y no por sus playas ni por su mar de siete colores. Esta vez se hizo evidente lo que sufren los habitantes de la isla: las dificultades para acceder a servicios de salud de calidad.
Por pura casualidad, en una visita de la Procuraduría General, el fuerte aguacero del mediodía del jueves 1 de octubre mostró las deficiencias de infraestructura que tiene el Hospital Claren Lynd Newball, pues quedaron expuestas las filtraciones e inundaciones provocadas por la lluvia, como lo mostró EL COLOMBIANO en ese momento.
El delegado de Salud de la Procuraduría, Gelman Rodríguez, manifestó que era “lamentable la situación” y expuso lo que en las imágenes era más que evidente: “Con el aguacero se inundan los consultorios de medicina general, fisioterapia, el sitio de archivo…”.
Emerita Becerra, líder social de San Andrés, dice que hay olvido del gobierno para atender y garantizar el derecho a la salud. “La administración que lo tiene no le hizo mantenimiento al techo del hospital, y cuando llueve se moja, las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) no están funcionando como debe ser al punto de que el piso de la UCI, con la humedad, se levantó”, lamenta Becerra.
Su queja no es alejada de la realidad, pues así quedó documentada en la denuncia de la Procuraduría, que llamó la atención del Gobierno Nacional para que atendiera la situación.
El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, quien estuvo en la isla el viernes 2 de octubre pasando revista y atendiendo la denuncia hecha por la Procuraduría, indicó que las dificultades son evidentes, pero que plantearon nuevas alternativas para solucionarlas.
Frente a las lluvias, aseguró que ya fueron reparadas las canaletas para que esto no ocurra de nuevo. En cuanto a las acciones de atención en salud, Moscoso destacó que “desde el Ministerio de Salud y Protección Social se plantearon soluciones y reforzamientos para la parte hospitalaria con la llegada de recurso humano como anestesiólogo, intensivista, enfermeros y demás personal para reforzar las unidades y el servicio”.
Este aspecto es clave, pues el pico de casos está representado en 1.609 casos confirmados y 23 muertes hasta el sábado, según el Instituto Nacional de Salud.
El secretario de Salud, Julián Robinson, explicó que se trabaja de la mano del Gobierno Nacional y llamó la atención para que se respeten las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente y respetar el distanciamiento social.
El funcionario destacó que el lunes pasado se confirmó que en la cárcel hay 68 casos, lo que enciende mucho más las alarmas. “De inmediato se puso en conocimiento a las autoridades y se estableció una mesa de trabajo en la que se planteó un plan de acción para mitigar la transmisión del virus dentro del centro penitenciario, así como reforzar lo que tiene que ver con la atención médica dentro del penal”.
Pese a esto, el panorama no parece aclarar. El sábado, por inconformismos con el manejo de la pandemia, renunció el gerente designado para la atención del covid en San Andrés, Richard Palacio, quien señaló que “quiero ser enfático en que desde la Gobernación se hace lo posible, pero hay factores externos que lo dificultan”, haciendo énfasis a la llegada de turistas sin las pruebas negativas de coronavirus.
Los problemas administrativos y por presuntos delitos contra la moralidad pública han sido un problema para la isla. Los consultados sostienen que las dificultades administrativas del gobierno local también truncan las apuestas y proyectos de la isla.
Y no es para menos. Por ejemplo, el 16 de septiembre el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención domiciliaria del gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, por presuntas irregularidades en contratos publicitarios durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
La Fiscalía manifestó que el “gobernador vulneró principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, por lo que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”. Al respecto, Hawkins señaló que la Fiscalía “logra medida de aseguramiento en mi contra, se veía venir. Pero soy absolutamente inocente de todas las imputaciones señaladas”.
Mientras tanto, San Andrés está desde hace dos semanas sin gobernador en propiedad. Sin embargo, no es el único caso.
El 3 de octubre del año pasado, la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y medio de cárcel al entonces gobernador de la isla, Ronald Housni Jaller, al encontrarlo responsable, en primera instancia, de los delitos de peculado por apropiación, cohecho y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los líderes que hablaron con este diario también plantearon sus preocupaciones en torno al microtráfico y a la violencia que se registra en la isla, pues al estar en una ruta de tráfico de drogas, según Ideas para la paz, es un lugar estratégico.
Frente a esto, el comandante de la Policía en San Andrés, el coronel John Fredy Sepúlveda Arias, reconoce que es un asunto que se ve en la isla, principalmente en la zona continental. “No es la isla como tal con el tema de narcotráfico, ocurre más en altamar, donde pasan y llevan las sustancias como clorhidrato de cocaína”, asegura el alto oficial.
De igual manera, destaca que desde 2014 hasta la actualidad han identificado y desarticulado 26 estructuras dedicadas a actividades delincuenciales, las cuales tenían incidencia en el narcotráfico, a la seguridad ciudadana y una tipificada en el crimen organizado.
“Podemos decir que en lo que va corrido de 2020 se ha logrado capturar a 25 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como la incautación de 72.348 gramos de sustancias psicoactivas”, agrega el uniformado.
Las razones, según el coronel Sepúlveda, pasan por varios factores, en los que se incluyen la vulnerabilidad y riesgo social en el que se encuentran los jóvenes y, como queda expuesto, el consumo de drogas y el tráfico de estupefacientes.
También, relata la institución, los problemas pasan por “la falta de inversión social por parte de la Gobernación en los que se realicen programas que den a conocer sobre solución de conflictos y traer a las partes que se encuentran en situaciones de rencillas a llegar a una conciliación”.
Un aspecto fundamental que propone el comandante de la Policía es un plan en el que se logre realizar una campaña de desarme, a través de la cual se haga un “cambio de las armas de fuego, que incentive a las personas a tomar otras alternativas de desarrollo personal”.
Britton, de la Asociación Cane Root, agrega que San Andrés tiene muchos problemas que vienen acumulados de gobiernos anteriores, y que el gran lío es que “cada gobierno nuevo tiene su apuesta y no da continuidad a los proyectos para superar las necesidades de la isla”, donde, según el Dane, el 14,84 % de los habitantes no las tiene resueltas.
Tomado de El Colombiano
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