El coronavirus ha devastado América Latina. Y solo ha empeorado por una ola de corrupción y lucro, dicen los fiscales.
Un investigador forense desinfecta una bolsa para cadáveres que contiene los restos de un hombre que se derrumbó en la calle y murió a causa del coronavirus el mes pasado en Quito, Ecuador.
Por Natalie Kitroeff y Mitra Taj
De todos los esquemas que han desviado recursos de países latinoamericanos que luchan contra el coronavirus, la conspiración de la bolsa para cadáveres podría ser la más descarada.
El mes pasado, los fiscales en Ecuador anunciaron que habían identificado una red criminal que había colaborado con funcionarios de salud para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres a hospitales a 13 veces el precio real. Entonces, uno de los hombres implicados, Daniel Salcedo, huyó de Ecuador en un pequeño avión que se estrelló en Perú.
El Sr. Salcedo ahora se está recuperando bajo la custodia de la policía ecuatoriana.
A pesar de que América Latina se ha convertido en un epicentro de la pandemia, con el aumento de muertes e infecciones, los esfuerzos por contener la crisis se han visto socavados por una letanía de escándalos de corrupción.
Docenas de funcionarios públicos y empresarios locales están acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal mediante el tráfico de influencias a hospitales y gobiernos con precios excesivos para obtener suministros médicos, incluidas máscaras, desinfectantes y ventiladores.
Parte del equipo era tan defectuoso que se volvió inútil, y puede haber contribuido a una mayor enfermedad y muerte. «La gente muere en las calles porque el sistema hospitalario se derrumbó», dijo Diana Salazar, fiscal general de Ecuador.
Las investigaciones sobre fraude han alcanzado los niveles más altos de gobierno. El ex ministro de salud boliviano está bajo arresto domiciliario en espera de juicio por cargos de corrupción después de que el ministerio pagó a un intermediario millones más que la tarifa vigente por 170 ventiladores, que ni siquiera funcionaba correctamente. ImageMarcelo Navajas, ex ministro de salud de Bolivia, mirando un ventilador el mes pasado.
Fue arrestado al día siguiente, 20 de mayo, por cargos de corrupción relacionados con la compra de ventiladores de calidad inferior.
En Brasil, que tiene el segundo número más alto de muertes por coronavirus después de Estados Unidos, y el viernes superó el millón de casos reportados, funcionarios gubernamentales en al menos siete estados están bajo investigación bajo sospecha de malversación de más de $ 200 millones en fondos públicos durante la crisis.
Continúa leyendo la historia principal En Colombia, el inspector general está investigando informes de que más de 100 donantes de campañas políticas recibieron contratos lucrativos para proporcionar suministros de emergencia durante la pandemia.
El jefe de policía y el ministro del Interior de Perú renunciaron después de que sus subordinados compraron desinfectante diluido y máscaras faciales débiles para los oficiales de policía, que luego comenzaron a morir de infecciones por el virus a tasas alarmantes.
Los fiscales están investigando los vínculos entre los oficiales de policía y los proveedores del equipo para determinar si se confabularon para defraudar al gobierno, según Omar Tello, jefe de investigadores anticorrupción en la oficina del fiscal.
«Para sacar provecho del dolor de los demás, con todas estas personas que están perdiendo a sus seres queridos, es inmoral».
Armillón Escalante, un oficial de policía en Lima, dijo que él y sus colegas recibieron máscaras y guantes delgados que se rompieron de inmediato.
«Realmente no teníamos ninguna protección», dijo.
El Sr. Escalante se infectó en abril y pasó tres semanas intubado en el hospital. Todavía sufre dolor en los pulmones y falta de aliento cuando habla. «No fui solo yo. La mayoría de nosotros fuimos abandonados ”, dijo. «No me siento igual que antes.
La enfermedad ha dañado mis órganos «.
Cuando los fiscales peruanos comenzaron a investigar la compra de equipo de protección este mes, varias cajas de evidencia desaparecieron en la sede de la unidad de investigación policial en Lima.
Los agentes de policía dijeron a las autoridades que varias cámaras de seguridad no estaban funcionando el día que desaparecieron.
Tello dijo que el sistema de monitoreo parecía haber sido manipulado y los fiscales están trabajando para extraer imágenes de las personas que retiraron las cajas.
Según el gobierno, más de 11,000 policías en Perú se infectaron y 200 murieron a causa del virus, lo que obligó al país a cerrar algunas estaciones al menos temporalmente para contener brotes.
El coronavirus está probando naciones que estaban luchando con la corrupción mucho antes de enfrentar una emergencia de salud global. Los presidentes en Brasil, Perú y Guatemala se han visto obligados a dejar el cargo en casos de soborno y sobornos a lo largo de los años. Pero la pandemia ha ampliado las oportunidades para que los funcionarios públicos en América Latina se saqueen de las arcas estatales, dicen los expertos en corrupción. Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos, detuvieron las sesiones del Congreso en persona o eliminaron las reglas que les exigían responder a las solicitudes de información de los medios. «Usted tiene las condiciones ideales para hacer lo que quiera», dijo Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Internacional México, un grupo sin fines de lucro anticorrupción. «Hay menos transparencia, menos acceso a la información y cero supervisión independiente del Congreso». El sistema de hospitales federales en México devolvió los ventiladores defectuosos que había ordenado al hijo del jefe de la comisión federal de electricidad, después de que un grupo de vigilancia local reveló que el gobierno había acordado pagar un 85 por ciento más que la opción más barata. ANUNCIO Continúa leyendo la historia principal El mes pasado, un funcionario del Ministerio de Salud de Bolivia acudió a una empresa española llamada IME Consulting para comprar 170 ventiladores a pesar de que otra empresa ofrecía las máquinas por la mitad del precio. El gobierno boliviano acordó pagar a IME Consulting alrededor de $ 28,000 por ventilador, tres veces el precio que el fabricante original dijo que cobra por cada máquina.
«Señor. Bucaram no está calificado procesalmente como importador o vendedor de suministros médicos «, dijo la Sra. Salazar, la fiscal general.
Ella dijo que los fiscales sospechan que un grupo criminal que incluye al Sr. Salcedo, el Sr. Bucaram y algunos de sus familiares han estado cobrando en exceso a los hospitales por equipos médicos desde 2018.
El año pasado, dijo el fiscal general, vendieron miles de bolsas para cadáveres en un hospital por $ 148 cada uno, a pesar de que solo valían alrededor de $ 11. El Sr. Salcedo «también ha sido vendedor durante la emergencia de salud», dijo Salazar.
«Por supuesto, tuvo que aprovechar». El hermano de Salcedo, Noé, fue atrapado este mes tratando de cruzar la frontera hacia Perú con $ 47,000 en efectivo, dinero que los investigadores creen que fue obtenido ilícitamente, y ahora está en la cárcel.
Los fiscales han emitido órdenes de arresto contra Michel y Dalo Bucaram, dos de los hijos del ex presidente. Hasta hace poco, Dalo Bucaram se hospedaba en la casa del señor Salcedo en Miami.
El abogado del Sr. Salcedo dijo que su cliente no está involucrado en un plan de corrupción y que el efectivo que llevaba su hermano provenía de un préstamo bancario que sus padres tomaron.
Bucaram, quien está bajo arresto domiciliario, ha negado los cargos en su contra y dijo que se enfrenta a una «persecución política cobarde».
Los investigadores sospechan que las pruebas y las máscaras encontradas en la casa del Sr. Bucaram estaban destinadas al hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el virus, donde los cadáveres se apilaron fuera de los hospitales o fueron empacados en cartones de plátano vacíos por falta de Espacio de almacenamiento.
Alex Vivas, un médico que trata a pacientes con coronavirus en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, dijo que estaba consternado por el plan. «Para nosotros, los médicos en primera línea, es indignante ver este nivel de corrupción», dijo Vivas en una entrevista.
«Ver cómo estos contratos caros consumen los presupuestos que deberían destinarse a tal equipo de protección, es simplemente indignante».
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