Se trata del exsecretario jurídico del Gobierno de Gustavo Petro Urrego, quien ahora ejerce como magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández quien tiene frenadas órdenes de la Corte sobre recálculo de UPC
Las decisiones ya están aprobadas, lo que falta es una firma, la de Vladimir Fernández. Por eso, desde principios de diciembre, la Corte Constitucional está bloqueada para anunciar sus órdenes al gobierno. Las decisiones recaen sobre uno de los principales reclamos de actores del sector salud: el cálculo insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La UPC es el monto por afiliado al sistema de salud que transfiere el gobierno a las EPS. Desde el 2023 ha sido uno de los principales puntos de contención en el tema de la salud. De un lado, las EPS, asociaciones de pacientes, expertos y exministros de salud afirman que el gobierno está asfixiando a las EPS con una UPC muy baja. Pedían un aumento del 17%. Del otro, el presidente Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el Pacto Histórico, afirman que la plata es suficiente y denuncian malos manejos de plata y de información de las EPS. Decretaron un aumento del 5,3%.
Por eso la voz de la Corte Constitucional es tan influyente. Se convierte en un árbitro de un debate polarizado y agotado, donde, como dice Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Rasa, “el gobierno oye, pero no escucha”.
Son dos autos clave. Uno ordena al gobierno a corregir la insuficiencia del monto de la UPC, según tres fuentes al interior de la Corte Constitucional. El segundo, toma decisiones sobre los Presupuestos Máximos, otro monto que debe girar el gobierno a las EPS, y por lo que se deben más de $2,5 billones.
La Silla no pudo confirmar los detalles concretos de los autos. Sin embargo, según le dijo a La Silla un funcionario de alto rango de la Corte, que pidió reserva de su nombre para dar detalles sobre cómo se están dilatando las decisiones de la Sala, “uno no puede parar una decisión con un impacto social tan grande”.
Fernández fue secretario jurídico del presidente Petro, antes de ser ternado a la Corte. Su independencia del gobierno y sus cuestionamientos pasados han sido un motivo de preocupación desde su llegada. Ahora, sin su firma, las decisiones ya aprobadas por la mayoría de la Sala Especial de Seguimiento, permanecen en el limbo, sin producir impacto en el sistema de salud.
José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo son los otros dos magistrados que integran la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-060 de 2008, que hace seguimiento a los problemas del sistema de salud. Ambos, según cuatro fuentes, dejaron firmados los autos antes de la vacancia judicial, que empezó el 20 de diciembre, acatando el término que se emplea en la Corte para tomar decisiones.
El magistrado Fernández, le confirmó a La Silla Vacía que los autos los recibió el 10 de diciembre. Pero argumenta que no tiene un término específico para decidir sobre ellos, y que está esperando “para estudiarlos el fin de semana (del 18 de enero) y saber si estoy de acuerdo para firmarlos”.
Pero al interior de la corte hay desconcierto por la demora. Fernández hizo parte de las discusiones de la Sala donde los otros dos magistrados dieron su visto bueno, y conformaron una mayoría. Si Fernández está en desacuerdo, puede hacer un salvamento de voto, pero las decisiones ya están aprobadas.
“La pelota para su expedición se quedó en la cancha del magistrado Fernández”, explica otro funcionario de la Corte que conoce del funcionamiento de las Salas de Seguimiento.
En el entretanto, el gobierno avanza con su convocatoria de mesas técnicas para analizar los problemas en el cálculo de la UPC, pero los expertos solo ven soluciones por el lado de la Corte. “No veo solución en el corto plazo, a no ser que la Corte se pronuncie y les diga: usted está en incumplimiento”, le dijo Diana Cárdenas, exviceministra de Salud y exdirectora de la Adres, a La Silla Vacía.
El origen de los autos sobre la crisis de salud
El desfinanciamiento del sistema de salud no es un problema que apareció en este gobierno. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-060 de 2008 se creó, precisamente, para empezar a hacerle seguimiento a las fallas del sistema desde hace cinco gobiernos. Al interior de la Sala, compuesta por los tres magistrados, se han emitido un gran número de autos y otras decisiones judiciales. Los autos son pronunciamientos que imparten órdenes y resuelven peticiones accesorias al asunto principal que analizan los jueces.
Desde 2021, la Sala ha emitido docenas autos. En uno de 2021, durante el gobierno de Iván Duque, afirma que “no ha demostrado que el valor de la UPC (el monto que paga el estado a las EPS para prestar los servicios de salud a cada uno de sus afiliados) sea suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías en salud PBS”. En 2023, la Sala emitió una alerta diciendo que “el Gobierno no demostró que la UPC fuera suficiente en ambos regímenes y encontró que la información recolectada con base en la cual se estableció la prima del régimen subsidiado no era del todo confiable”.
De ahí en adelante empezaron a tirarse la pelota las EPS y el gobierno para adjudicar la culpa de por qué la UPC, año a año, es cada vez más insuficiente. El gobierno, desde el inicio, ha reiterado que la información reportada por las EPS no cumple los parámetros de calidad para ser tenida en cuenta como factor del cálculo. Las EPS, por el contrario, han dicho que la insuficiencia se debe a la exclusión de otros factores, como la inflación, los cambios epidemiológicos, el aumento de enfermedades de alto costo, etc.
Como el debate se acentuó con el incremento del 12,01% del monto de la UPC, en 2024, la Sala decidió, mediante un auto, convocar al ministro de Salud, Jaramillo, la Procuraduría, la Contraloría, representantes de las EPS, la Adres, entre otras entidades para discutir sobre la suficiencia del cálculo de la UPC. La audiencia fue en abril de 2024, y estuvo presidida por los tres magistrados de la Sala: Fernández, Reyes y Lizarazo, quien será reemplazado por Polo, el 6 de febrero de 2025.
La diligencia, de cuatro horas, tuvo constantes cuestionamientos al ministro Jaramillo sobre por qué se calculó, para 2024, una UPC que solo tuvo en cuenta la información brindada por cuatro EPS. Además, por qué obligaba a destinar el 5% de la UPC para la operación de equipos básicos de salud (EBS), los equipos de salud preventiva que han sido promovidos por Petro.
“¿Cómo justifica que desobedeció las sentencias de constitucionalidad?”, preguntó el magistrado Reyes, haciendo alusión a sentencias que prohíben destinar recursos de la UPC a otros rubros, por el riesgo que significa para la desfinanciación del sistema.
El ministro Jaramillo reiteró lo que ha dicho hasta hoy: “tenemos falencias en el reporte de la información, la frecuencias del régimen subsidiado son menores o no son reportadas por los actores responsables del sistema de seguridad social, algunas EPS no pasan los filtros de calidad en la información”. Sobre amarrar el 5% a la operación de EBS, dijo que: “Lo que estamos diciendo es utilícese el 5% en algo que la Constitución y que la ley estatutaria dice”.
La sesión concluyó e iniciaron las medidas de la Sala. La primera de ellas fue ponerle freno al destino de ese 5% para los EBS. El auto de mayo de 2024, ordenó, como medida cautelar, no aplicar los artículos de la resolución que fijó los parámetros de la UPC de 2024 mientras el Consejo de Estado resuelve las demandas, radicadas por las EPS, que piden tumbar esa destinación.
El magistrado Fernández salvó el voto sobre esa decisión. Pero Lizarazo y Reyes, haciendo mayoría, afirmaron que los EBS tienen otras fuentes de financiación, y que la sustracción del 5% “genera un impacto negativo en el cumplimiento del componente de suficiencia de la UPC y genera un resultado regresivo”. Para el ex secretario jurídico del presidente, esa decisión de suspender los artículos de la resolución, le correspondía al Consejo de Estado, por ser el órgano que estudia las demandas. También argumentó que la decisión no procedía porque la resolución no era parte de la sentencia T-060 de 2008, a la que la Sala le hace seguimiento.
De ahí que, dos funcionarios de la Corte que han hecho seguimiento al tema de la UPC, prevén que Fernández también salve su voto en los autos que tiene en su despacho.
Los términos invisibles para decidir
“Fernández tiene algo de razón cuando dice que la firma de los autos no tiene plazo”, explica el alto funcionario de la corporación. “Textualmente, no hay un término, porque esas salas de seguimiento no están creadas por la ley, sino por decisión judicial”, afirma. Sin embargo, el funcionario que conoce del funcionamiento de las Salas explica que: “ahí lo que ocurre es que se aplica por analogía las disposiciones que se aplican al resto de decisiones”.
Según el reglamento de la Corte Constitucional, una vez se apruebe una sentencia por la mayoría de los miembros de la Corte, “los magistrados que aclaren o salvaren el voto dispondrán de cinco días para depositar en la Secretaría de la Corte el escrito correspondiente”.
Pero el bloqueo en el que está la Sala no es la demora para que Fernández explique las razones por las cuales votó en contra de la decisión. El problema es que, sin su firma, la decisión no entra en efecto.
Por 