La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 022 de 2023, en la cual detalla un completo panorama sobre la afectación a los derechos de las comunidades en esta región del país.
La Entidad emitió 45 recomendaciones para que la vida e integridad de los atlanticenses sean protegidas y para que las autoridades tomen las medidas respectivas, dado el carácter preventivo de las alertas tempranas.
Las comunidades de Barranquilla y los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, se encuentran en grave riesgo por el accionar de las estructuras del crimen organizado y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).
Así lo revela la Alerta Temprana 022-2023 de la Defensoría del Pueblo, en la que detalla un completo panorama de la situación de derechos humanos y sus constantes afectaciones a las poblaciones, principalmente por cuenta de las masacres, asesinatos selectivos, extorsiones, amenazas y desplazamientos internos.
En la Alerta Temprana se revela no solo que siguen delinquiendo las antiguas estructuras Los Costeños y Los Rastrojos, sino que también existen nuevas organizaciones como Los Papalópez, Los Vega, Los Pepes y Rastrojos Caleños.
Estas estructuras criminales, ‘subcontratadas’ por estructuras trasnacionales como Los Meleán, Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Balcanes, e incluso por las AGC-Clan del Golfo con influencia en la región caribe.
“Las acciones delictivas de estos grupos delincuenciales y de las AGC-Clan del Golfo han generado miedo y zozobra en varios barrios de los sectores Suroriente, Suroccidente, Metropolitana, Centro Histórico y la Localidad Riomar de Barranquilla, además de los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Esta situación es insostenible, ya que se presentan extorsiones, homicidios y amenazas, acciones criminales de las que son víctimas principalmente pequeños comerciantes, líderes sociales y comunitarios y los mismos habitantes”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, desde Barranquilla.
Las cifras recopiladas por la entidad muestran que el primer trimestre de 2023, es el periodo con más homicidios de los últimos tres años, con 201 homicidios y un aumento del 14% frente al mismo periodo del 2022 (171 homicidios) y del 43% frente al mismo periodo del 2021 (140 homicidios).
Otro indicador que preocupa es la cifra de masacres; entre 2021 y 2023 se presentaron 12, una de las que causó mayor impacto ocurrió el 19 de marzo de este año en Barranquilla, allí fueron asesinadas cinco personas y 14 más resultaron heridas. El 85% de los homicidios presentados en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia están relacionados con el sicariato.
La extorsión es otro factor de vulneración que se incrementó. Mientras en 2021 los comerciantes hicieron 132 denuncias, un año más tarde la cifra alcanzó los 532 casos. Este delito afecta principalmente a pequeños y medianos comerciantes de negocios que hacen parte de la economía popular y barrial.
“En esta nueva Alerta Temprana identificamos no solo los riesgos a la integridad y la vida de los habitantes, también queremos decirles a los barranquilleros y las comunidades de los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia que dentro de las recomendaciones le hemos solicitado a las autoridades gubernamentales que actúen de inmediato para que sean garantizados sus derechos”, resaltó el Defensor del Pueblo.
En el Atlántico y específicamente en los municipios objeto de la presente Alerta el monitoreo y análisis de la Defensoría del Pueblo se identificó una acción sostenida de violencia contra defensores de derechos humanos, servidores públicos, sindicalistas, lideresas y líderes sociales, ambientalistas, incluso contra voceros campesinos que acompañan procesos de reclamación de tierras.
Entre enero del 2021 y abril del 2023, en el Área Metropolitana se presentaron 222 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, de los cuales, tres casos corresponden a homicidios.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo hizo 45 recomendaciones para que los ministerios del Interior y de Defensa, la Gobernación del Atlántico, alcaldías, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y entre otras entidades, adelanten acciones que garanticen los derechos de las comunidades. También la entidad solicitó activar el Sistema de Prevención y Reacción Rápida para que, con soluciones efectivas, los habitantes de Barranquilla y los cuatro municipios del Área Metropolitana tengan seguridad y tranquilidad.
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