Tras los reproches de la Procuraduria que ha escandalizado al Archipielago por una supuesta nomina paralela por la contratación superior a la población de Providencia en 2019 y 2020, The Archipielago Press quiso conocer una de las opiniones mas autorizadas y serias en el ejercicio de control social y veeduria en las islas, con la experiencia de haber sido gobernador del Departamento que se conoce la administración muy palmariamente, quien deja muy mal parado el informe del Ministerio Público.
Se trata del exgobernador del Departamento Alvaro Segundo Archbold Nuñez, quien le ha venido haciendo todo el seguimiento a la contratación estatal en el Departamento y se declaró extrañado por el escandalo de la ProcuradurÍa por la contratación del Departamento por que los analisis y seguimiento que le ha venido haciendo minuciosamente, dedicado noches enteras a revisarlas, y hasta el corte de 31 de octubre de 2020, solo iban 1.350 contratos de prestacion de servicios profesionales, tecnicos, o de honorarios, y el actual gobernador Alen Jay Stephens no ha firmado ni 250 contratos, la mayoria de ellos de servicios tecnicos que no suman mas de 6 millones de pesos, donde el contrato más grande fue el del alumbrado navideño.
Además la contratación de servicios tecnicos no alcanzó a ser ejecutada en un 80 por ciento y la de honorarios estaba casi al tope de la ejecución del 100 por ciento, pero sin entrar en rojo, ya que la Gobernación de San Andrés no tiene la capacidad de ejecutar la totalidad de ese presupuesto.
Para Archbold Nuñez, es extraño que la Procuraduría esté escandalizando este tema por que la Contraloría no ha certificado que la contratación haya sobrepasado lo que establece la Ley 617 de 2020, y si no lo ha hecho la Contraloria, no hay implicaciones disciplinarias. Es probable que algunos contratos puedan presentar problemas, pero si acaso dará para hallazgos administrativos y no disciplinarios.
Explica que además no se puede hablar tan a la ligera de nómina paralela por que para configurar nomina paralela no se puede incluir contratación de personal que se requiere para la ejecución de algun programa del Banco de Proyectos con recursos del Sistema General de Participación. Solo pueden medirse los ingresos propios o recursos de libre destinación para hacer el calculo de la contratación los que se pueden tomar en cuenta para hablar de nomina paralela, al tenor de la Ley 617 de 2000.
Aunque la nomina de la Gobernación sean 400 funcionarios, la Gobernación puede contratar hasta 600 personas adicionales, siempre y cuandio lo haga con recursos que no son de libre destinacion o recursos propios, entonces con dineros que vienen de la Nación se pueden contratar monitores, supernumerarios, etc. Hay que hacer un estudio muy detallado para hablar de nomina paralela, y si la Procuraduria apenas está pidiendo esa información, no hace bien hablar desde ya de nomina paralela.
Por ejemplo, en Salud y Educación nunca se puede hablar de nomina paralela por que son dependencias que funcionan con recursos del Sistema General de Participación. Deportes, Cultura, Agricultura y Servicios Públicos son dependencias que tambien reciben recursos de ciencia y tecnologia y del Sistemta General de Participacion y pueden contratar personal sin que se incurra en nómina paralela.
Archbold Nuñez explica que si San Andrés no superó esa capacidad contractual, Providencia si que menos, aunque en el año 2019 hubo más de 1.500 contratos. Lo que si advierte el mandatario es que en periodos anteriores donde hubo mucha contratación irregular no se ha tocado.
La Procuraduria no tendria porque estar escandalizando por la cantidad de contratos que se han suscrito en el Departamento en los dos ultimos años por que si la Contraloria no ha certificado que la contratación fue superior a lo establecido en la Ley 617 de 2000, no es suceptible de investigación disciplinaria.
También advierte que si en dos años se hubieran celebrado siete mil contratos, -que en sus cuentas no llegan a tanto- estariamos hablando de un promedio de 1.725 contratos por cada año en la Gobernación y la Alcaldía, que en el caso de 2020, siendo un año atipico, donde se paralizó todo el aparato productivo de las islas por el cierre de aeropuertos, puertos, hoteles y comercios, ameritaba que se contratara a muchas personas que habian quedado sin empleos y se requerian desarrollar actividades de la Administración para asistir y atender a la comunidad en medio de la Pandemia en programas humanitarios de la Gobernación de las islas.
«Por ahi no es, en lo que hay que investigar en la Gobernación de las islas son otras cosas que si tienen implicacion disciplinaria, pero no en temas que si acaso solo tienen implicación administrativa. Por ahi no es, lo que tienen que ver en la Gobernación son otras cosas. Por ejemplo lo que pasó en el periodo del almirante Herreran y de la señora Tonney Gene Salazar», explicó el presidente de la veeduria Veerlasislas.
«Si la Procuraduria queria hacer algo en San Andrés debió ver que pasó en la administración de Herrera y Salazar, donde hubo cosas muy grandes que se debieron tocar, como los contratos de Findeter, la concesión relleno sanitario para la planta RSU. El año 2018 no lo tocaron y está bien envenenado, donde se feriraron toda la contratación de San Andrés y se le dijo a la Procuraduría varias veces y nunca lo tocaron. En estos cuatro años si querían hacer algo por San Andrés debieron trazar una linea de investigación hacia las islas desde el principio de administración que marcara una diferencia con las anteriores y si querían lucirse con la lucha contra la corrupción debió entrar a investigar todo lo que pasó en administraciones anteriores y que aun no habían prescrito a los cinco años, y profundizar en todas las acciones e investigaciones disciplinarias de periodos anteriores que no estan cobijadas por el fenomeno de la prescripción.
«Se debe investigar lo que pasó con las expediciones de tantas licencias ilegales de construcción. Había que hacer investigaciones en Planeacion con tantas licencias o contratos en Agricultura de planes de arborización por más de 2.000 mil millones de pesos, donde mas de 1.500 millones de pesos no estan justificados o el contrato de más de 5.500 millones de pesos para certificaciones y capacitaciones con la Corporación Universitaria de la Costa.
Explicó que el problema de las acciones de los entes de control es que no tienen trazada una veradera linea de investigación muy seria en San Andrés para establecer cuales son las prioridades por que son tantos hechos contra la Administración Pública que hay que priorizar para dar unos resultados y acertar y que no se vuelvan casos aislados en la estructura del delito al interior de la justicia y de la Administración Pública. Sobre todo por que todo lleva al mismo punto, es repetitivo, es sistemico y casi siempre con las mismas personas, ya que muchas veces se conciertan para delinquir. Casi siempre hay un nexo causal de los mismos protagonistas en diferentes entidades o dependencias. La corrupción está transversalizada en la Administración por que los mismos protagonistas, o algunos alfiles o personas afines, se rotan o alternan e determinadas dependencias, con bajo perfil que nadie los asocia con nada, pero que participan de todos estos asuntos venales, en mandos medios.
Por ejemplo si se trazara una linea investigativa de Planeación se caerian muchos aspectos de licencias, traslados presupuestales, contratación pública de otras Secretarias, entonces existen nichos muy puntuales desde donde se originan practivas venales hacia otras dependencias como Educación, Hacienda, Movilidad. Hay que crear delegadas especiales para San Andrés en estos entes de control para que trabajen permanentemente y no de manera aislada para que den veraderos resultados», concluyó el abogado, exgobernador y ahora veedor ciudadano Alvaro Archbold Nuñez.
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