Comunidad raizal cuestiona y se opone al desplazamiento económico y cultural. Una profunda preocupación existe en un amplio sector de la comunidad providenciana ante lo que consideran es una forma de colonización y que tiende a someter la etnia nativa y que ha tomado diferentes formas a lo largo de muchos años. Josefina Huffington, presidenta de la Veeduría Cívica Old Providence, manifestó su opinión en relación con el Plan San Andrés y señala que ha sido usado como excusa para promover la construcción de megaproyectos asociados al sector turístico y hotelero sin reconocer el derecho fundamental a la consulta previa. Así mismo advierte su intranquilidad por el futuro de estos proyectos y por la posibilidad de que estos sean concesionados a empresas foráneas.
Ya Andrés Felipe Peña, había escrito sobre este tema indicando que “actualmente existe un proceso histórico liderado por parte de la comunidad raizal que cuestiona y se opone al desplazamiento económico y cultural, y a la pérdida del territorio propio de los habitantes nativos de las islas de Providencia y Santa Catalina. Este proceso ha sido liderado por la Veeduría Cívica Old Providence junto con otras organizaciones y personas que se oponen a la entrada de megaproyectos turísticos foráneos, nacionales o extranjeros, así como a otro tipo de megaproyectos, que pongan en riesgo la integridad del patrimonio natural, cultural y económico de las Islas.
Esta oposición no es reciente; su más fuerte manifestación tuvo lugar en los años 90 y se concretó con la imposibilidad de que algunas empresas foráneas se apropiaran del turismo y otras actividades económicas, despojando a los raizales de su territorio y de sus posibilidades de un desarrollo económico propio y armónico. Algunos de los proyectos hoteleros contra los cuales luchó la comunidad fueron el Centro Internacional de Buceo (1992) que pretendía usurpar la playa de Suroeste, utilizada tradicionalmente para el esparcimiento de la comunidad raizal. Otro de estos proyectos fue el Hotel Caribbean Village Mount Sinaí, en el Sector de Mountain, (1993) y la construcción de la Base de Guarda Costas, en el Sector de Old Town (1995).
La oposición a los megaproyectos hoteleros tiene como uno de sus fundamentos principales el reconocimiento de los efectos negativos que ha tenido el desarrollo turístico en San Andrés. De acuerdo con la Veeduría Cívica Old Providence la colonización de San Andrés a través de la migración masiva de colombianos continentales, auspiciada por el gobierno colombiano, convirtió a esta isla en una de las más densamente pobladas y redujo gravemente las condiciones de vida del pueblo raizal.
En relación con los efectos del turismo en el entorno natural, el panorama no es muy positivo. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (PNUMA), el crecimiento de la actividad turística se encuentra unido a la presencia de problemas ambientales como la sobreexplotación de fuentes acuíferas, la contaminación de arroyos y del mar (en el caso de las islas), la sobreexplotación de la infraestructura turística natural (playas, arrecifes, etc.) y la destrucción del patrimonio natural.
Como parte del desarrollo de la estrategia de oposición a los proyectos hoteleros en las islas de Providencia y Santa Catalina se han creado una pluralidad de instrumentos jurídicos en las islas. Entre los más importantes mecanismos que nacieron como resultado directo se encuentra el Plan de Desarrollo Turístico, por medio del cual se logró establecer las principales estrategias y planes de acción que permitirían el desarrollo sostenible de esta actividad. Esta norma hace un especial énfasis en promover las formas tradicionales de promoción del turismo, principalmente el ecoturismo y el turismo comunitario.
De acuerdo con la Veeduría Cívica Old Providence las autoridades locales, regionales y nacionales, han desconocido la existencia de este Plan de Desarrollo Turístico, permitiendo que personas ajenas a este grupo étnico se hayan venido apropiando de la economía turística por medio del alquiler de casas construidas bajo la figura del testaferrato.
Otra de las estrategias para oponerse a los proyectos turísticos es la Resolución 1021 del 13 de septiembre de 1995 por la cual se crea el parque nacional natural McBean Lagoon como una de las respuestas a la frustrada construcción del megaproyecto hotelero denominado Caribbean Village Mount Sinaí que amenazaba la conservación del manglar más grande e importante en la Isla de Providencia. Por último, se encuentra el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Providencia y Santa Catalina el cual establece límites a la construcción, evitando las grandes edificaciones y edificios, constituye zonas de importancia ambiental, establece los usos del suelo, impone la obligación de preservar la arquitectura tradicional, entre otras normas que buscan proteger el patrimonio cultural y natural en la Islas y que de acuerdo con la Veeduría nunca se ha ejecutado en su totalidad.
Como consecuencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que otorgó soberanía a Nicaragua sobre territorio marítimo del archipiélago colombiano, que constituye territorio marítimo ancestral del pueblo raizal, el gobierno nacional expidió el plan San Andréscon el objeto de fomentar el “desarrollo” de las Islas. Esta estrategia está compuesta por diferentes medidas de carácter tributario, económico y social.
En relación con Providencia y el turismo, el plan San Andrés, busca desarrollar diferentes obras de infraestructura como la construcción de una marina de yates, el hotel SPA, el dragado del canal de acceso, la remodelación y ampliación del aeropuerto el Embrujo entre otras. Además, el plan consagra la revisión y expedición de un nuevo Esquema de ordenamiento Territorial para el municipio de Providencia y Santa Catalina. Por lo anterior la Veeduría Cívica Old Providence manifiesta su profunda preocupación en relación con el Plan San Andrés y señala que ha sido usado como excusa para promover la construcción de proyectos asociados al sector turístico y hotelero sin reconocer el derecho fundamental a la consulta previa. Así mismo advierte su intranquilidad por el futuro de estos proyectos y por la posibilidad de que estos sean concesionados a empresas foráneas. Señalan que el Pan San Andrés no considera las verdaderas realidades y necesidades del Archipiélago y tiene como fin último permitir la entrada de empresas foráneas para continuar la colonización colombiana y la expropiación de lo poco que le queda a los raizales de su territorio”, indica el documento de Peña.
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