Atendiendo unas denuncias ciudadanas sobre la presunta presencia de obreros en la isla traídos del interior del país para realizar obras de construcción en un proyecto de turismo, la Oficina de Control a la Circulación y Residencia, Occre, descubrió que efectivamente quince trabajadores realizaban actividades laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en el Decreto 2762 de 1991.
La quincena de obreros de inmediato fueron retenidos con apoyo de la Policía Nacional y trasladados hasta las instalaciones de la dependencia de control migratorio donde entregaron una versión libre sobre las razones de porque se encontraban laborando en la isla en abierta violación de las normas de control migratorio, lo cual obliga a su expulsión del territorio y a la imposición de una multa que les impide ingresar a la isla nuevamente hasta tanto cancelen el valor que supera los varios salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente la oficina de la Occre impone sanciones administrativas para el responsable de su traída a la isla de San Andrés.
El director de la oficina de control migratorio Joseph Barrera Kelly dijo en declaraciones de prensa a los periodistas que tuvimos conocimiento por una denuncia de varios ciudadanos el pasado viernes, e incluso nos hicieron comentarios sobre comentarios racistas y xenófobos de las personas de las islas, tanto de residentes como de los raízales, por lo que destacamos a un grupo de inspectores al sur de la isla para verificar la denuncia y verificamos que quince personas que ya fueron declarados en situación irregular fueron encontrados en calidad de turistas y ya se ordenó que dos de ellos que tenían tíquete para la misma fecha, ya salieron y los otros deberán salir el próximo 25 de febrero.
El funcionario dijo además que al momento del procedimiento se supo que la persona que está en calidad de administrador se escondió y se está en su búsqueda para proceder también a su expulsión del territorio por hallarse en situación de ilegalidad en la isla.
Barrera Kelly aseguró que este establecimiento que violó la norma se denomina cabañas Solaris y ya se abrió pliego de cargos para imponer la respectiva sanción por violar las disposiciones de control poblacional en el Departamento y si persiste en traer personas a trabajar con tarjetas de turismo se podrá solicitar la suspensión o cancelación del permiso de funcionamiento de este establecimiento comercial.
«Nosotros efectivamente tenemos varias investigaciones contra varias empresas que han traído personal a laborar ílegalmente a la isla pero usted entenderá que hay que resolver los recursos de reposición y subsidio de apelación y eso siempre se demora, ya lo hemos hecho contra Avianca, Adidas, Keishan, y otras empresas, y algunas ya han pagado las sanciones por 20 salarios mínimos, y para nosotros es importante imponer estas multas y sanciones por que solo así le duele el bolsillo a las personas y así evitarán seguir violando las normas. Entendemos que en la isla es difícil encontrar mano de obra calificada y no calificada, y hay que reconocer que están coincidiendo muchas obras simultáneamente y a veces no hay obreros ni maestro de obra y son obras muy importantes para el Departamento, pero lo que deben hacer es verificar en el Sena si no existe ese personal en la isla y hacer las publicaciones de requerimiento de personal para que podamos autorizar la traída de ese personal necesario pero no hacerlo pasar por turistas».
Finalmente advirtió que no se deja intimidad de amenazas o de acciones de abogados que pretendan ir contra las normas legales, por que ni le tiene miedo a esas actuaciones ni mucho menos tiene ‘rabo de paja’, por que trabaja conforme a la Ley y hace las cosas conforme a la Ley, y estamos aquí para hacer valer los derechos y las normas de protección del Departamento. Reconoció que muchas veces se han acercado a su oficina a ofrecerles dádivas y sobornos, pero ya últimamente no lo han hecho por que saben que soy una persona que soy honesta y transparente y que no estoy aquí por dinero si no por los derechos y la dignidad de los habitantes del archipiélago».
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