La Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre, entidad que ejerce la política de control migratoria en las islas, la cual nació al tenor del Decreto Ley 2762 de 1991, el mismo que autorizó el cobro de una contribución de ingreso al Archipielago que le creo al Departamento una de las más importantes rentas que hoy supera los 107 mil pesos por persona que arribe al territorio insular, está a punto de quedar semi paralizada operativamente por falta de presupuesto.
Esto por cuanto los contratos del personal de inspectores o controladores poblacionales, secretarias, recepcionistas, digitadores, y profesionales dedicados a atender publico o tramitar asuntos propios de la entidad se vencieron todos y hasta la fecha la Asamblea no ha aprobado la adición presupuestal que se requiera y la asignación que se le apropiaría solo alcanzaría para contratar personal por dos meses, lo que ameritaría que también se le apruebe una vigencia futura para garantizar que haya continuidad operativa.
Esta recurrente situación de la oficina que ejerce control migratorio demanda que se tramite de una vez por todas un proyecto que desarrolle el Decreto Ley 2762 de 1991, otorgándole verdadera autonomía administrativa, financiera y operativa a esa entidad, para que pueda ejercer un verdadero y eficaz control migratorio y no depender del Coral Palace y las relaciones políticas que este tenga con la Asamblea Departamental, si se quiere avanzar en una reducción de la población desbordada que habita la isla.
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