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Otra multimillonaria inversión del Estado dilapidada

The Archipielago Press by The Archipielago Press
07/07/2018
in Actualidad
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El 22 de junio de 2017, el exgobernador Álvaro Archbold Núñez a través de su Blog Quitasueño publicó un informe titulado “En la lupa el Call Center de San Andrés”, el cuál debió ser entregado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en abril de 2017.

Se presume por las respuestas a peticiones hechas por el exmandatario a la Presidencia de la República, que el Call Center pudo haber sido terminado en su Fase I., siendo un misterio el motivo por el cual nunca fue puesto en funcionamiento.

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Tras una relativa calma y normalidad de este proyecto que se presumía venía funcionando con total éxito, semanas atrás Archbold Núñez logró capturar unas imágenes en donde se efectúa el trasteo de la dotación del Call Center, en vehículos tipo camión cuyo operador se desconoce.

El Call Center de San Andrés, fue un proyecto concertado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República, y la Gobernación del Departamento Archipiélago, dentro del denominado Plan Estratégico para las islas con motivo de la pérdida del mar territorial ancestral el 19 de noviembre de 2012.
De esa forma el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, suscribió un convenio con People Contact S.A.S. empresa domiciliada en la ciudad de Manizales, para poner en operación un Call Center en la isla de San Andrés, en donde se invirtieron en la Fase I, aproximadamente $2.985 millones de pesos.

Los gestores del proyecto justificaron su ejecución, en la buena oportunidad que existiría para la generación de empleo en la comunidad de San Andrés, en donde el Call Center operaría como Contact Center, a través de canales para la recepción y emisión de información, por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos, faxes y comunicaciones online, incluyendo la mensajería instantánea a través de las redes sociales.

El alcance del objeto del convenio -que no es lo mismo que el objeto- sería apoyar la formación de personal, y la adecuación de infraestructura para servicios de Business Processing Outsourcing (BTO), en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde el Gobierno Nacional, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, estructuraría el proyecto de formación de personal para los servicios del BTO.

Dentro del esquema contractual, People Contact S.A.S. gestiona, pero no responde por los resultados de su gestión, con la obligación de poner en marcha, campañas para el cobro de impuestos, vía contact center, para la Gobernación de San Andrés, y el Municipio de Providencia y Santa Catalina, y explorar los mercados en países de habla inglesa con el fin de aprovechar el bilingüismo propio de la isla.

De acuerdo con la denuncia que en el último año ha venido realizando reiteradamente el exgobernador Archbold Núñez, se pudo establecer que al momento de celebrar el convenio, People Contact S.A.S. al igual que Energía Integral Andina S.A.S. -ambas de la ciudad de Manizales – operadora para Internet del cable de fibra óptica submarino para el Archipiélago, se encontraba inmersa en serias dificultades económicas que amenazaban con su quiebra, debiendo tramitar el 6 de octubre de 2016, una solicitud de reactivación y reestructuración empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, la cual fue aceptada, designándose como promotora del Acuerdo a la doctora Consuelo Arango Galvis.

Le llamó la atención al denunciante que antes de la suscripción del convenio, al cierre del 2015, People Contact S.A.S. había reportado pérdidas de $11 mil millones.
Para garantizar el convenio anterior se constituyeron unas obligaciones transversales, consistentes en garantizar la disponibilidad del servicio de internet en el espacio físico delimitado, y en las condiciones técnicas requeridas, para garantizar la correcta y continua operación del BPO en la isla de San Andrés. Esta circunstancia llevó a People Contact S.A.S. a suscribir el contrato de arrendamiento No. C-007 bis de 2016, de un inmueble ubicado en la Avenida Colombia del sector de Sarie Bay, por valor de $258.026.667.00, determinando como plazo de ejecución, hasta el 20 de agosto de 2017.

“Con las muy malas experiencias que hemos experimentado y, con las contrataciones y promesas fallidas del Estado con San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se presentó en su momento -22 de junio de 2017- interrogantes que surgieron del análisis del convenio celebrado, los cuales se mantienen vigentes a la fecha de publicación del presente Blog, así:
¿Cuáles son las garantías de éxito de un proyecto cogido de la mano de una empresa que tiene un entorno financiero riesgoso y negativo -al borde de la quiebra – que le genera serios inconvenientes para funcionar?, ¿Por qué el gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en su búsqueda de un aliado estratégico, encontró como en la historia de caperucita roja cuando encontró al lobo, precisamente aquél que presentaba estados financieros con pérdidas de más de $11.000 millones, para la vigencia fiscal del 2015?, ¿Por qué dentro de los análisis financieros que debió realizar el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no estuvo previsto que una entidad con pérdidas de más de $11.000 millones, caminaba segura hacia una declaración de quiebra, o por lo menos, hacia una solicitud de reorganización y reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades?, si dentro de los criterios que orientaron la creación de People Contact S.A.S. se encuentran la seguridad y rentabilidad, las cuales están en entredicho por las cuantiosas pérdidas que arroja, ¿por qué entonces el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, decide efectuar una alianza temeraria, en donde pone en riesgo los intereses de la Comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que finalmente debería ser la beneficiaria de la inversión pública realizada?, ¿Al establecer que las obligaciones de People Contact S.A.S. son de medio y no de resultados, se estaría diluyendo y exonerando su responsabilidad frente a eventuales pérdidas y sanciones por incumplimientos?, ¿Quién y cómo será garantizada la sostenibilidad del negocio?”
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