
Wilman Muñoz, condenado por corrupción en la Universidad Distrital, prendió el ventilador y salpicó a Alfonso Prada, Olga Lucía Velásquez, Antonio Sanguino y directivos.
Se prende el ventilador en un caso de corrupción en la Universidad Distrital, en el que exministros y congresistas resultan salpicados. El enredo es tal que hasta se habla de una relación entre los acusados con milicias del ELN.
SEMANA desempolvó uno de los casos de corrupción más aberrantes que se han vivido en la historia reciente del país y revela nuevos detalles que involucran a pesos pesados de la política. Mientras miles de jóvenes reclaman su derecho a la educación, a finales de 2019 se conoció que de los recursos de la Universidad Distrital se perdieron más de 11.624 millones de pesos en gastos extravagantes a favor de Wilman Muñoz, entonces director del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud) de la universidad.
Muñoz usó para su beneficio la tarjeta de crédito Visa Viajera de la institución y la cuenta corriente, desde la cual giró 369 cheques para gastos excéntricos, como la compra de 11 vehículos de alta gama, apartamentos, lotes, relojes, pagos de hoteles, restaurantes de lujo y diversión sexual. El profesor aceptó los cargos y fue condenado a 22 años de prisión; también tiene que pagar una multa por 12.209 millones de pesos. Además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de 270 meses.
SEMANA tuvo acceso a documentos que entregó Muñoz en su momento a las autoridades para demostrar que la oficina del Idexud no solo sirvió para satisfacer sus caprichos, sino para beneficiar presuntamente intereses políticos y económicos de grandes personalidades, entre ellos, el exministro del Interior Alfonso Prada, hoy embajador de Colombia en Francia; la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, el excongresista Antonio Sanguino y actuales directivos de la Universidad Distrital, entre otros. Por más de tres meses este medio revisó más de 40.000 archivos, algunos que entregó Muñoz a las autoridades en discos duros repartidos en 26 carpetas, como él mismo lo describió cuando pretendía firmar un principio de oportunidad. Además, folios en los que se comprometía a servir como testigo y entregar contratos, conversaciones de chats, números de cheques, fechas de retiros y nombres de supuestos intermediarios en las coimas.
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Pero advirtió que necesitaba protección porque “las personas a las cuales estoy incriminando tienen vínculos con las milicias urbanas del ELN que se encuentran incrustadas o infiltradas en la Universidad Distrital”, dijo durante el interrogatorio del 22 de octubre de 2019. En una matriz que entregó con información puntual, señala que Alfonso Prada habría recibido más de 400 millones de pesos en coimas por el contrato interadministrativo número 1069 de 2015, el cual tuvo un valor cercano a los 9.000 millones de pesos.
El objeto era contratar la interventoría administrativa con proyectos del Sena. Asegura que una mujer, a la que identifica como Islena Hernández, era la persona encargada de gestionar el proyecto ante el Sena y quien se comprometió a dar la comisión: “Islena me busca para ofrecerme el proyecto explicándome cómo se debe manejar y a quién se le deben dar las coimas; en esta conversación me indica que se le debe dar dinero al director del Sena Alfonso Prada.
Los dineros entregados se hicieron a través de contratos con los operadores logísticos suministrados por la doctora Islena y entregados al doctor Juan Pablo Arenas, director jurídico del Sena (…). La comisión dada fue de 450 millones de pesos y entregados en el segundo semestre de 2017″, se lee en el documento. Asegura que otros de los beneficiados con los contratos fueron personas muy cercanas a la administración de Gustavo Petro como alcalde, entre ellos, Juan Carlos Montes, el hombre del “petrovideo”.
Los contratos
En el relato, Muñoz dice que se firmaron aproximadamente 19 contratos con el IDRD de Bogotá y que, aunque estos fueron firmados por el director Aldo Cadena, el supervisor fue el ingeniero Montes. Explica que algunos incentivos se pagaron directamente y otros mediante contratos como porcentaje de las interventorías que eran llevadas a la universidad y que sumaron más de 6.000 millones de pesos.
“Por esos contratos se entregó el 10 % como coima al señor Juan Carlos Montes; es el mismo funcionario que aparece en el video entregando dinero al entonces candidato Gustavo Petro. Este funcionario llega a buscarme para ejecutar las interventorías; según él, se presenta como la mano derecha del alcalde”. También manifiesta que el nuevo rector de la Distrital, Giovanny Tarazona, firmó contratos con la Gobernación de Norte de Santander justo el último día de la ley de garantías: “Ese proyecto no pasó por el comité de extensión y el porcentaje de beneficio para la universidad fue menor al 12 %”.
Nombró más de una decena de funcionarios que habrían cometido presuntamente hechos irregulares. Prada vuelve a ser nombrado en el interrogatorio que rindió Muñoz ante la Fiscalía el 1 de octubre de 2019, en el que menciona que Ricardo García, rector de la Universidad Distrital para la época en la que se conoció el escándalo de corrupción, contó con el apoyo de la representante Olga Lucía Velásquez y el entonces secretario de la Presidencia de la República, Alfonso Prada. Al parecer, el interés político sería ubicar laboralmente “cuotas”, por lo que Velásquez habría pasado alrededor de 50 hojas de vida a cambio de su colaboración en la elección.
















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