The Archipiélago Press tuvo acceso en exclusiva a las denuncias de carácter penal y disciplinaria que presentó la presidente de la Asamblea Departamental, la diputada liberal Margíth Bandera Espitia contra los seis diputados que el pasado primero de enero accedieron al recinto de la corporación y ejercieron un acto de autoposesión, contrario a lo que ya había dispuesto el saliente presidente de la Duma Carlos Carvajal Jiménez, tanto en la elección como en la posesión de la ahora denunciante.
Las denuncias son por abuso de funciones públicas y por perturbación de acto oficial, lo cual agudiza aún más el enfrentamiento político de la Asamblea Departamental.
El documento radicado ante la Fiscalía y ante la procuradora regional de San Andres Karina Causil, además de relatar los hechos que se presentaron el pasado día primero de enero del 2021, anexa los dos fallos de tutela que emitieron juzgados de San Andrés en donde le niegan las pretensiones a los 6 diputados y al hermano del autoproclamado y auto posesionado presidente Escorcio Christopher Pomare, como prueba de la presunta ilegalidad en la que éstos habrían incurrido.
Además hace un relato pormenorizado en el que expresa que se enteró de la autoposesión e ingreso irregular al recinto de la Asamblea Departamental a través de la prensa.
La diputada también explica que no existe prueba de que alguno de los seis diputados denunciados tuvieran en su poder autorización para violar o cambiar las guardas de seguridad o incluso para ingresar al recinto de la Asamblea porque era ella quien tenía en su poder las llaves y el inventario de los activos de la corporación, como quiera que ya había iniciado desde el 29 de diciembre, el empalme con el saliente presidente de la Asamblea departamental, incluidas las llaves y más nadie tenía copias.
Los diputados objeto de la denuncia penal y de la queja disciplinaria son los primos Carlo Domingo Gallardo Rojas y Nicolás Gallardo Vasquez, Carolina Púas Murillo, Oswaldo García Ortiz, Escorcio Christopher y Orly Rozo Lozano, los cuales cometieron actos para los cuales no estaba autorizados ni facultados, dicen las respectivas denuncias que ahora deberán adelantar los respectivos entes de control.
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