La problemática de inseguridad y de orden social que por estos días saltó a las páginas noticiosas por cuenta del asesinato de un joven micro empresario por sicariato y de un tendero por parte de un asaltante a mano armada y las heridas de gravedad contra un turista argentino a menos de 100 metros de la Gobernación, puso al archipiélago en la lupa de la prensa nacional que ha desplazado hasta San Andrés a corresponsales y unidades investigativas.
Solo este fin de semana, El Tiempo y la Revista Semana, los dos medios impresos más influyentes en su género y con vínculos familiares periodísticos con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, publicaron sendos informes sobre la gravedad de lo que está pasando en San Andrés, y donde el común denominador es el narcotráfico y el abandono estatal.
Por un lado el diario capitalino atribuye la situación a una guerra entre Bacrims por el mercado del narcotráfico de las islas. La Unidad Investigativa de El Tiempo en su edición dominical tituló: ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ se disputan ‘la Langosta’, nombre de gran narcorruta hacia Centroamérica. Los siguientes son apartes de los informes de prensa de los dos influyentes medios capitalinos:
De acuerdo con el informe de El Tiempo, “Setenta personas asesinadas por sicarios en cuatro años; 15 desaparecidos, tres casos de descuartizamiento, seis toneladas de coca incautadas en el 2013, extorsiones a comerciantes y tenderos, atraco y crímenes contra turistas, ollas de microtráfico, robo de motos… Todo esto está ocurriendo en los 27 kilómetros cuadrados que tiene San Andrés, una situación crítica que obligó esta semana al Gobierno a tomar medidas de choque.
“San Andrés no debería tener ni bandas criminales, ni gente armada, porque es una isla donde debe haber facilidad para combatirlos (…) He dado instrucciones para que se intensifique la acción de la Policía en nuestra isla”, anunció el presidente Juan Manuel Santos hace ocho días, sin dar mayores detalles de cuáles son los detonantes de los índices de criminalidad.
El Tiempo habló con investigadores, raizales, políticos y empresarios, y estableció que la llegada de dos narco bandas a la isla es la principal causa. La otra es que los controles de interdicción marítima disminuyeron tras el fallo de La Haya con el que Colombia perdió soberanía en 75.000 kilómetros de mar.
“Tenemos información de que corbetas de la Armada tuvieron que ser corridas”, explicó un oficial. Y a eso se une que los niveles de corrupción en la isla permiten que la coca llegue incluso en vuelos turísticos. Hace 15 días, fue detenida Miladys Margarita Carriazo, jefe de seguridad de una reconocida empresa de mensajería. La mujer, contratista de la empresa de vigilancia ‘Vise’ –que le presta seguridad a la firma de mensajería–, cayó junto con dos policías y cinco bodegueros, sindicados de ayudar a ingresar 138 kilos de coca embarcados en un vuelo Pereira-San Andrés.
Pero el gran problema se centra en el narcotráfico de grandes ligas que tiene a la isla en medio de una disputa entre ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’. Este diario estableció que los ‘Paisas’ (hoy ‘Urabeños’) fueron los primeros en aterrizar en San Andrés, de la mano de raizales que desde los 80 manejan las ‘go fast’ (lanchas rápidas) con las que suben coca a Centroamérica.
Un jugoso botín: “Urbano Pineda, alias ‘el Guajiro’, y Juan Carlos Duarte Gutiérrez, ‘el Chiqui’, se presentaron como los cabecillas y de inmediato empezaron a cobrar 500 dólares por cada kilo de coca que salía de la isla”, le relató a este diario un investigador.
El botín supera los 4 millones de dólares al año en solo el ‘narco impuesto’, lo que explica la violencia que se ha desatado y que preocupa a los 70.000 habitantes de la isla y a los 550.000 turistas que recibe anualmente. Un grupo de traficantes, en cabeza de los hermanos Smith Pomare, se negaron a pagar el impuesto y mandaron traer a ‘los Rastrojos’ para que sacaran de la isla al ‘Guajiro’ y a sus hombres, dotados de fusiles, cerca de 30. De hecho, la Fiscalía asegura que ‘los Urabeños’ culparon a Jackeline Smith, exjugadora de la selección de baloncesto de San Andrés, de hacer los contactos y la asesinaron en el 2012.
Sus hermanos, ‘los Mellos’, tuvieron que irse a Centroamérica (donde fueron capturados) y, desde ese momento, las dos bandas libran una guerra por el manejo del narcotráfico, el microtráfico y las extorsiones. Aunque las autoridades ya han capturado a varios cabecillas, las estructuras de poder se han ido renovando y ‘los Urabeños’ han tomado ventaja. De hecho, el expolicía Reynel Melano Barker empezó trabajando para ‘los Rastrojos’ y se pasó al otro bando para encargarse de las narcorrutas. El expolicía también fue asesinado, en agosto del 2013, y en enero el turno fue para su sucesor, José Morgan, alias el ‘Gordito Joe’.
Las autoridades están seguras de que esta cadena de crímenes está relacionada con el pulso por el manejo de ‘la Langosta’, la narcorruta por la que pasa la coca que sale de los Llanos, el Eje Caferero y el Urabá antioqueño, y que llega a las costas de Nicaragua, Honduras y México, todo a través de San Andrés.
Y si bien ‘los Urabeños’ –en cabeza del clan Úsuga– ostenta el manejo de la narcobanda en la isla y en otros 10 departamentos, hay un gran capo detrás de ellos. Todos hablan de ‘el Míster’ y creen que se trata de Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Daniel Rendón, ‘don Mario’, el fundador de ‘los Urabeños’. Pero su abogado negó los señalamientos, dijo que su cliente ya había saldado sus deudas con la justicia de EE. UU. y allegó documentos en los que pidió que lo sacaran del organigrama de la banda. Hoy es un misterio quiénes son los nuevos cabecillas que buscan dominar el narcotráfico en la isla, que tienen en máxima alerta al Gobierno.
‘Esto nunca se había visto’: La comisión que el presidente Juan Manuel Santos envió a San Andrés para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo, regresó el jueves y se reunió con funcionarios y asesores del alto Gobierno para explicar la situación. Uno de los presentes accedió a hablar con El Tiempo y aseguró que el director de la Pol
icía, general Rodolfo Palomino, les admitió que la situación es preocupante.
“Es evidente que la isla está tomada por la mafia”, afirmó la fuente y en la Fiscalía confirmaron que hay 50 órdenes de captura pendientes contra miembros de narcobandas. Y si bien ya había ocurrido algo similar en los 90, cuando miembros de varios carteles usaban a la isla para traficar y, además, se apropiaron de lujosos predios y hoteles, la situación es aún más grave ante la disputa entre dos bandos que afecta a ciudadanos y turistas.
“El año pasado, a un muchacho lo volvieron picadillo en Providencia y eso nunca se había visto allá. Cuando ya pasan esas cosas es porque las bandas se tienen tomado todo. Además de la presencia de las bandas criminales, hay pandilleros locales que se han especializado en proveer de combustible a embarcaciones que transportan la coca. Ese es el gran problema”, añadió. El pasado lunes, el general Palomino ofreció recompensas a cambio de información, como primer paso del plan para enfrentar a las narcobandas.
El informe de semana: San Andrés a la deriva
Entre tanto la revista Semana que circula desde este viernes, abrió con un reportaje en similares circunstancias a la publicada por El Tiempo el mismo día, donde advierte que el narcotráfico es el causante de la problemática de inseguridad que está sacudiendo actualmente a la capital del Archipiélago.
Para Semana “la violencia, la corrupción y la demora en varios de los megaproyectos tienen en una difícil situación el archipiélago.” Los siguientes son los apartes del informe de la revista:
“¡No más parce, no más! ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que reaccionar!”. El grito de un joven sanandresano vestido de luto es estridente, seco, cargado de dolor. Resuena en el templo New Life Tabernacle en San Andrés, en medio de llantos y gemidos de los familiares y amigos de Marcos Quintana, asesinado en la madrugada del sábado pasado cuando volvía de su puesto de comidas rápidas. Este hombre, de 31 años, padre de tres niños, se convirtió en la última víctima de una ola de violencia que tiene a la isla contra las cuerdas.
En lo que va del año ya van 11 homicidios, una cifra enorme para una isla que tiene menos de 100.000 habitantes y tan solo 27 kilómetros cuadrados de superficie; en donde hay 600 policías y varias bases militares. Hace dos semanas un joven torturado y asesinado estremeció la pacífica isla de Providencia. El 27 de agosto un grupo de atracadores baleó a Richard Marsiglia en la tienda donde trabajaba. Y un día después, a solo noventa pasos de la Gobernación, un hombre le disparó en el abdomen y en el hombro al turista argentino Luciano Narcisi cuando trató de evitar que le robaran el bolso a su mujer embarazada.
La situación es grave y el miedo ahora ronda por este paraíso. En el sepelio, una cuñada de Marcos Quintana protegida por gafas de sol que esconden sus ojos enrojecidos, exclama que “acá hay temporadas en las que matan seis meses, la Policía se alborota, vienen los generales y ponen retenes. Cuando los quitan, vuelve el plomo”. Edinson, que trabaja con turistas, lanza con rabia que “San Andrés es una caja de fósforos, en donde todo se sabe. Hay pánico, nadie sale en las noches. Esto no está en alerta roja, está vino tinto desde hace rato”.
Pocos se imaginaron que casi dos años después del fallo adverso de La Haya, cuando el gobierno se volcó a reafirmar su apoyo a San Andrés, la situación del archipiélago iba a empeorar hasta este nivel. El propio presidente Juan Manuel Santos lanzó un ambicioso plan para “rediseñar el futuro de la isla” y anunció inversiones por más de 1 billón de pesos. Pero si bien el gobierno ha cumplido muchas de las promesas, los problemas más graves que tienen los sanandresanos no se han solucionado y ahora se ven agravados por los problemas de violencia y la corrupción.
Desde hace años hay un diagnóstico claro sobre la seguridad isleña, pero el paciente sigue igual de grave. Todos saben que San Andrés es una plataforma del tráfico de cocaína entre Colombia y Centroamérica, además de ser una ruta del contrabando. En los barrios más pobres, como La Zona, decenas de jóvenes esperan su oportunidad “para darle una puñalada a la miseria”, como le dijo un periodista local a los enviados de Semana. Buscan embarcarse en una lancha rápida repleta de droga o en su defecto de gasolina, para retanquear los barcos de los traficantes en alta mar. No es una coincidencia que los cursos del Sena que tienen más demanda son los de navegación marítima. En los viajes de vuelta traen dinero y armas cortas, que pululan en Nicaragua, Honduras o Guatemala como herencia de las guerras civiles. El coronel Luis Aníbal Gómez, comandante de la Policía en el departamento, dijo que en la isla no hay “bandas criminales como tal, sino pandillas ligadas a los clanes en Colombia, que cobran cuotas a los narcotraficantes. Hace unos años gente del continente vino a organizarlos y con ellos llegó la violencia”.
Pero la Policía enfrenta un enemigo más huidizo que el peor de los criminales: la falta de confianza. La comunidad no cree en ellos. Un funcionario de la Gobernación le dijo a Semana que “nadie confía en la Policía porque se dice que está infiltrada por los bandidos”. Comerciantes, hoteleros y taxistas repitieron esa queja a esta revista. Un profesor dijo que “la isla tiene 27 kilómetros cuadrados, 20 uniformados por kilómetro, pero nunca capturan a nadie. Eso tiene una explicación lógica: no hacen nada para encontrarlos”. La suspicacia es tan grande, que un grupo de ciudadanos quiere manejar directamente las cámaras de seguridad. Para el coronel Gómez, “ese es un tema fundado en situaciones que se presentaron años atrás”, pues en 2011 se desmanteló una banda dirigida por exagentes de la institución. Incluso, en agosto le entregaron a la Fiscalía dos funcionarios que trabajaban con los ‘narcos’. Entre tanto la gobernadora, Aury Guerrero, le dijo a Semana que “la cuestión no es el número de policías. Necesitamos un buen laboratorio, fiscales de cada una de las áreas, investigación”. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, estuvo esta semana en la isla. Anunció la llegada de 50 uniformados más, que reforzará las capacidades investigativas y que le dará un vuelco al mando, pues la inseguridad afecta el turismo, pilar de la economía local.
El factor Hommes
Por otro lado, los grandes anuncios y programas que el gobierno impulsó desde el fallo de La Haya se han visto afectados negativamente en los últimos meses. El primer cañonazo ocurrió en julio, cuando la Corte Constitucional tumbó los artículos de la Reforma tributaria con los cuales se iba a financiar la estrategia estatal. Y hace dos semanas el exministro de Hacienda Rudolf Hommes renunció a seguir siendo asesor del Plan Archipiélago. En una carta al presidente, Hommes mostró el panorama complicado que vive el departamento debido a la tardanza en mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado, en diversificar las fuentes de energía a través de un parque eólico o la planta incineradora de basuras, y en recuperar las playas. También porque aún no se han ejecutado algunos proyectos ya diseñados, como el sistema de transporte, la universidad de la comunidad bautista o los proyectos de maricultura y acuaponía.
De forma más inquietante reveló que no fue posible nombrar un médico en Providencia a pesar del “compromiso formal del ministerio para hacerlo” y que no hubo “un esquema institucional adecuado ni el apoyo del municipio” para elevar el nivel académico de estudiantes y maestros. Y remató con una fuerte alarma sobre la seguridad del departamento que “decae progresivamente, a medida que las bandas criminales amedrentan a la población y aumentan inexplicablemente su control territorial y su poder político”.
María Lorena Gutiérrez, ministra consejera del Gobierno, viajó esta semana a la isla y dijo a Semana que “es evidente que San Andrés lleva décadas de retraso. Sin embargo, ningún otro gobierno ha invertido tanto en el archipiélago. Estamos cumpliendo los compromisos y le vamos a meter el acelerador a fondo”. Indicó que en estos tres años la inversión ha alcanzado los 1,2 billones de pesos y que no hay que preocuparse con la sentencia de la Corte pues ya están en ejecución 94.000 millones de pesos.
Frente a la renuncia y a las críticas de Hommes, anunció que el jueves se reunió con él y no solo acordaron que seguirá haciendo parte del grupo de trabajo sino que definieron los cuatro proyectos prioritarios: crear un sistema de buses, con pasaje subsidiado, que le darán la vuelta a San Andrés, crear una línea de ferry entre la isla y Providencia y darle fuerza a la universidad y a la enseñanza del lenguaje creole. Es evidente que el gobierno tiene la voluntad de sacar adelante el archipiélago, pero en San Andrés hay una fuerte sensación de letargo, con bloqueos a todos los niveles y megaproyectos encallados en discusiones interminables y afectadas por la corrupción. Por ejemplo, la planta incineradora de basura, que desde hace un año está lista para generar energía y reducir el costo del servicio, el más caro del país, inexplicablemente no arranca en medio de todo tipo de especulaciones.
Semana también visitó la cárcel de menores, cuya obra está parada por problemas en la contratación y la compra del lote. Los edificios tienen vidrios, puertas, inodoros y hasta bombillos, pero la maleza carcome desde hace dos años la construcción. Otra obra en suspenso es la nueva sede de la corporación ambiental local. La Contraloría General le tiene la lupa puesta y ya abrió varios procesos de responsabilidad fiscal.
A estos graves bloqueos administrativos se añaden las tensiones permanentes con las comunidades raizales, que tienen en jaque varios proyectos como el dragado del puerto o la ampliación del aeropuerto, debido a las consultas previas. Para un periodista que vive hace décadas en la isla, “los fundamentalistas no dejan hacer nada, ni una obra, bloquean todo”. Se refiere al rechazo, cada vez más grande de los raizales, por todo lo que viene de Colombia. “Nos dicen que acá la consulta previa es una extorsión. ¿Pero, para quién es el progreso? Para los gremios que quieren explotar el territorio”, dice Corinne Duffis, líder de la comunidad, que cada vez se exaspera más con las políticas trazadas desde Bogotá y su convivencia con los residentes continentales, conocidos como ‘pañas’. Otro raizal, Albert Howard, dijo que “siempre hay muchos roces entre nosotros y los colombianos que nos roban y nos roban las tierras. Somos afrocaribeños, de otra cultura, otra religión. Aquí no es Colombia, aquí es nuestra casa y ahora somos minoría en nuestra propia tierra. Nos invadieron y ahora nos quieren sacar, pero nos van a tener que matar”.
A la tardanza en resolver problemas históricos y de seguridad se suma la ausencia de nuevas inversiones en la isla. Los hoteleros dicen que es difícil atraer socios sin agua potable, con energía cara y problemas de basuras. “No hay un ambiente propicio”, dijo uno de ellos. Entre tanto, varios hoteles piden a gritos una renovación y aunque por ahora viven llenos gracias a las aerolíneas de bajo costo, eso no es sostenible a mediano plazo. Por eso muchos sienten que un huracán amenaza al departamento insular. Se requiere tomar acciones urgentes que destraben los proyectos que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y que permitan reestablecer la confianza de los isleños. Hay sectores que están reaccionando, que están hablando fuerte y que quieren dejar de callarse con la excusa de no “dañar la imagen de la isla”. Porque lo único cierto es que el archipiélago colombiano no puede seguir por ese camino de deterioro y decadencia.
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