El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los lineamientos de la estrategia integral de seguridad y orden público de su gobierno, con una declaración que marca un giro histórico en la forma en que el Estado colombiano enfrentará al crimen organizado.
El punto de partida es categórico: todos los grupos armados ilegales, sin distinción de denominación, serán tratados bajo una sola categoría: terroristas. «Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde.
Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal», afirmó el mandatario. El presidente ordenó además la conformación inmediata de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, con fuerzas combinadas del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, articuladas con la Fiscalía y la Judicatura. Para combatir las finanzas criminales, ordenó la reactivación de la UIAF bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurreyes, con acceso a la información bancaria de los últimos cuatro años e integración con la Policía y el sistema financiero.
Ordenó también la reactivación del sistema de recompensas, los operativos de redadas, la red de cooperantes y los traslados carcelarios urgentes para impedir que las cárceles sigan operando como centros de extorsión. En materia migratoria, impartió órdenes precisas a Migración Colombia para iniciar esta misma semana operativos coordinados con la Policía de Barranquilla contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera.
El presidente fue enfático en que la Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre.instituciones, bajo una sola bandera.
Anunció además la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, la persecución del cártel de tierras y el combate frontal al préstamo gota a gota, al que describió como una forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos. La próxima reunión con las autoridades, advirtió, no será para diagnosticar: será para verificar que todo lo acordado ya se esté ejecutando
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