Asi se desprende de sendas investigaciones periodiaticas de The Archipielago Press y del blogurero de Quitasueño Alvaro Archbold Núñez mediante consultas on line o derechos de petición sobre los procesos que le cursan al legislador en la Corte Suprema de Justicia.
Según derecho de petición respondido al abogado Archbold, el hoy investigado magistrado Gustavo Malo, señalado por presunta corrupción como parte del llamado Cartel de la Toga, en su despacho cursa una investigación penal por hechos que este rotativo denunció hace varios años y que desde el 16 de abril de 2012 está decretado en indagación previa por presuntas influencias ante el director Nacional de Estupefacientes mediante la asignación de depositarios y la adjudicación de vienes a sus familiares y miembros de su grupo político.
Pese a que han transcurrido más de cinco años desde cuando se decretó el auto de apertura de investigación, apenas se está estudiando el acopio de pruebas necesarias para darle el impulso a la investigación que cada vez está más próxima a a prescribir.
De otro lado este rotativo comprobó que desde el 15 de diciembre de 2015 en el despacho del magistrado José Leonidas Bustos, también señalado por la Fiscalía ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de presunta corrupción se quedó engavetados por muchos meses un recurso extraordinario de casación del legislador sanandresano, frente a una acusación de la propia Corte Suprema de Justicia que formuló acusación por peculado en favor de terceros contra el entonces presidente de la Cámara de Representantes, frenando de esta manera una eventual condena contra el congresista.
Estas convenientes moras en los procesos judiciales que ha enfrentado el congresista Gallardo parece mostrar el mismo patrón que hoy se investiga del llamado Cartel de la Toga que por años ha mantenido represados diversos procesos penales en contra de congresistas como los llamados Ñoños de Córdoba, hoy salpicados por un gigantesco y vergonzoso escándalo de corrupción que logró alcances nacionales y que implicó a las tres Ramas del Poder Público en Colombia.
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