El propio procurador general de la Nación Fernando Carrillo Florez revivió las investigaciones disciplinarias contra los once diputados de la Asamblea Departamental de San Andrés y Providencia que eligieron a la contralora departamental Mayla Gayrleens, cuya elección fue anulada por el Tribunal.
The Archipielago Press conoció que mediante auto del 18 de septiembre de 2018 el Procurador General de la Nación dispuso revocar el auto de archivo proferido el 01 de noviembre de 2016 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, dentro de la actuación disciplinaria No. IUS 2016-80484/ IUC D-2016-778-841472, en virtud de una solicitud de revocatoria directa, por lo que el expediente fue remitido a uno de los procuradores delegados para que retome la investigación del caso contra los diputados que participaron en esa elección.
En abril de 2017 una procuradora delegada de la Procuraduría General de la Nación decidió el archivo de las diligencias que se adelantaban contra los once diputados de la Asamblea Departamental por la elección de Mayla Gayrleens como contralora departamental.
No obstante que el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y el Consejo de Estado le compulsaron copias al Ministerio Público en su fallo de anulación de la elección de la contralora por considerar que los diputados violaron la Ley al elegirla estando presuntamente inhabilitada, la Procuraduría no encontró faltas disciplinarias por no considerar que existían inhabilidades.
Esto porque la Procuraduría es de la teoría que la contralora al haber ejercido un año antes de su elección como sub contralora no ejerció nivel ejecutivo, sino directivo y eso no era causal para inhabilitarla como lo consideró el máximo tribunal de lo contencioso al anular tal elección.
Esta decisión de la Procuraduría libraba a los diputados de una eventual sanción colectiva y de dos investigaciones disciplinarias pedidas por ese Tribunal, incluso con pérdida de investidura y le abría las posibilidades a la ex contralora de hacer valer derechos adquiridos e incluso de entablar eventuales demandas contra el Estado.
Pero ahora con la decisión del propio procurador Carrillo Florez, una eventual destitucion o suspensión de los once diputados, pende nuevamente sobre sus cabezas, como espada de Damocles.
De otro lado esta redacción conoció que uno de los diputados de esa corporación también enfrenta un proceso con la Dian por incumplir sus obligaciones tributarias del año 2016.
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