Una procuradora delegada de la Procuraduría General de la Nación decidió el archivo de las diligencias que se adelantaban contra los once diputados de la Asamblea Departamental por la elección de Mayla Gayrleens como contralora departamental.
No obstante que el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y el Consejo de Estado le compulsaron copias al Ministerio Público en su fallo de anulación de la elección de la contralora por considerar que los diputados violaron la Ley al elegirla estando presuntamente inhabilitada, la Procuraduría no encontró faltas disciplinarias por no considerar que existían inhabilidades.
Esto porque la Procuraduría es de la teoría que la contralora al haber ejercido un año antes de su elección como subcontralora no ejerció nivel ejecutivo, sino directivo y eso no era causal para inhabilitarla como lo consideró el máximo tribunal de lo contencioso al anular tal elección.
Esta decisión de la Procuraduría libra a los diputados de una eventual sanción colectiva y de dos investigaciones disciplinarias pedidas por ese Tribunal, incluso con pérdida de investidura y le abre las posibilidades a la ex contralora de hacer valer derechos adquiridos e incluso de entablar eventuales demandas contra el Estado.
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