Bogotá, 20 de agosto de 2021. La Procuraduría General de la Nación instauró una acción de tutela ante los jueces de San Andrés, para solicitar el traslado de 54 personas privadas de la libertad -PPL- que se encuentran en condición de hacinamiento en el Centro Transitorio de Detención ubicado en el sector de la Rocosa.
La Procuraduría 85 Judicial, en desarrollo de su función de intervención, radicó el requerimiento para proteger los derechos fundamentales a la dignidad, salud, trato digno y a la vida de las PPL.
Señaló que el lugar no brinda garantías para la atención en salud, así como tampoco una infraestructura adecuada para albergar y recibir personas.
Igualmente, indicó que no cuenta con los requisitos necesarios para el cumplimiento de las medidas restrictivas de la libertad que recaen sobre quienes son enviados a ese lugar, ni con las condiciones de aislamiento, distanciamiento y bioseguridad para reducir el riesgo de contagio y propagación del covid-19.
Por esas razones, el órgano de control solicitó que se ordene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y al Comandante de Policía del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina trasladar a las PPL a sitios de reclusión habilitados para su recepción, cumpliendo los protocolos de bioseguridad.
Igualmente, el Ministerio Público pidió que se ordene a la Gobernación del departamento realizar la adecuación, ampliación o modificación del inmueble donde funciona el Centro Transitorio de Detención.
Finalmente, requirió que se solicite a la Gobernación, al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), un plan para dotar a las PPL de los elementos mínimos para preservar su dignidad y salud, como colchonetas, sábanas, almohadas y útiles de aseo, entro otros.
Fotos Archivo The Archipiélago Press
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