El Consejo de Estado encontró que Providencia y Santa Catalina no contaba con un cuerpo de bomberos oficial ni voluntario, que tiene que operar en cada municipio del país y que fue esa carencia lo que ocasionó la pérdida total de una embarcación que se incendió en las costas del archipiélago hace 13 años.

Con esos argumentos, la corporación condenó al municipio a reparar los daños causados a la propietaria y envió copia de la sentencia al Ministerio del Interior para que esa cartera conozca de esta situación de carencia, brinde apoyo y tome las medidas a las que haya lugar para que las autoridades actúen.

El 27 de agosto de 2003, las autoridades de Policía, efectivos de la Defensa Civil, guardacostas y pobladores del archipiélago vieron alarmados e impotentes cómo una embarcación que había atracado en el muelle principal de Providencia y Santa Catalina fue consumida por las llamas.

El maquinista, el capitán, policías, personal de la Aeronáutica y demás autoridades, además de un precario grupo de bomberos, hicieron lo imposible por extinguir el fuego, pero la falta disponibilidad de equipos adecuados para atender emergencias de esa magnitud hizo que su esfuerzo fuera en vano.

La máquina terminó en pérdida total. Los comandantes de las fuerzas que acudieron al lugar para tratar de impedir el daño admitieron que no contaban con herramientas adecuadas para atender un incendio de esas proporciones.

Desde entonces, la afectada estuvo convencida que las autoridades municipales debían asumir los costos de su pérdida, pues, al margen de las imprudencias que hubieran podido provocar la conflagración, la falta de una respuesta efectiva de los organismos de emergencia fue lo que generó el negasto desenlace que se vio obligada a enfrentar.

Así trató de demostrarlo en una demanda que fue conocida por el Tribunal Administrativo de San Andrés y posteriormente por el Consejo de Estado. Esas entidades judiciales le hallaron la razón.

Según la máxima instancia de lo contencioso administrativo, la responsabilidad del daño sí es atribuible al municipio de Providencia y Santa Catalina, debido a que no contaba con un auténtico cuerpo de bomberos oficial ni voluntario, como lo exige la ley.

Por eso, condenó a la administración municipal a responder por la afectación moral y material causada a la demandante, lo que implica que no solo debe cancelarle los 25 salarios relacionados en la sentencia sino también someterse a un incidente para liquidar los daños materiales.

Adicionalmente, el Consejo de Estado envió copias de la decisión al Ministerio del Interior, para que el jefe de la cartera, como máxima autoridad de los cuerpos de bomberos del país, tenga conocimiento de las carencias que tiene el municipio en esta materia y las asesore o tome medidas tendientes a corregir la situación.