Como ciudadanos y líderes políticos nos preocupa enormemente, que más de 22.000 usuarios de Caprecom del Régimen Subsidiado, es decir, la población más pobre y vulnerable de las Islas de San Andrés y Providencia, muchos de la Comunidad Étnica Raizal, se hayen hoy padeciendo y mendigando atención a sus problemas de salud por la Omisión Indebida e Ilegal de dicha Entidad- Dirección Nacional- al no proceder a la suscripción de los contratos con la entidad de salud (hospital) correspondiente; hecho sin control ni vigilancia.
Omisión, que pone de presente la vulneración del derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida, fines fundantes del Estado Social de Derecho, y por demás violatorio de los principios y valores del Derecho Humanitario.
No haber liquidado a Caprecom aun, y seguir dejándole el manejo de los recursos de la salud de los más pobres, no es una decisión responsable, cuando es de público conocimiento, el mal uso que de ellos se ha y sigue haciendo; hallándose en cesación de pagos de su deuda por más de $ 7.500.000.000 al hospital Departamental, poniendo en gravísimo riesgo de inviabilidad hospitalaria en el Departamento, en muy corto tiempo. Esto nos alarma y preocupa, adicionalmente, por la falta de acciones contundentes y eficaces de su Despacho y de la SuperSalud, que obliguen a Caprecom de manera perentoria y precisa, sin rodeos, a pagar dicha deuda y suscribir los contratos de ley para que los subsidiados puedan recibir dignamente atención en salud.
Le pedimos Señor Ministro, proceder de manera inmediata a impartir las órdenes de cumplimiento y acciones que proceden conforme a lo antes denunciado, en aras a conjurar el perjuicio inminente e irremediable que se le está causando a las personas más pobres y humildes del Archipiélago.
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