Contra viento y marea, la empresa de energía de San Andrés está logrando lo que Electricaribe nunca pudo: ser una empresa viable, mejorar la tecnología y convencer a la gente para que pague la factura. Reportaje.
La intervención y la posterior liquidación de Electricaribe fueron dos de las noticias más esperadas en la Región Caribe durante los últimos años. Tras varios intentos infructuosos para salvar esta compañía y mejorar su operación, el Gobierno, en marzo pasado, tomó la decisión de ordenar la liquidación. No hay marcha atrás.
Los expertos esgrimen varios argumentos para justificar tal decisión. El primero es que Electricaribe no realizó las inversiones que permitieran estar a la vanguardia en equipos de distribución y registro de la energía; y tampoco trabajó de manera permanente y adecuada con la comunidad para incentivar el pago oportuno de los recibos. Estos pecados por omisión terminaron por condenar a la empresa y meter al país en un lío jurídico del que apenas se ven los primeros chispazos.
Hoy la situación en la Región Caribe no ha cambiado mucho. Mientras se define la suerte de un nuevo o varios operadores para esos departamentos, seguramente persistirán las fallas en el servicio y las pérdidas de energía, vía reconexiones fraudulentas y mal estado de los cables y los equipos.
¿Por qué se salvó la isla de San Andrés de esta debacle? Tal vez su distancia de la costa colombiana o su pequeño mercado de apenas 22.000 usuarios la hayan mantenido al margen de la situación. Pudo ser alguna de las dos cosas. El asunto es que la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (Sopesa) vive una realidad totalmente opuesta a la de Electricaribe. No solo se volvió viable en el aspecto financiero: en solo tres años logró bajar las pérdidas de energía de 31% a 8% y pasó de estar a ras en sus cuentas a generar un Ebitda por $11.000 millones en 2016. Pero no solo esto, poco a poco ha logrado cambiar la cultura del no pago en las Islas. Desde encopetados empresarios del sector hotelero, pasando por el comercio y hasta algunas iglesias, no conocían hasta hace tres años lo que era pagar un recibo de la luz. Como en el resto de departamentos costeros, era más fácil pagar $20.000 o $50.000 a una persona para que subiera a un poste para conectar un cable de manera ilegal.
“Ninguna empresa de energía, es más, ningún negocio es viable cuando pierde una tercera parte de lo que produce”, comenta a Dinero el gerente de Sopesa, Iván Salcedo. En otras palabras, si no se hubieran implementado cambios de fondo en esta compañía, muy probablemente habría terminado como Electricaribe y otras compañías de servicios públicos.
Alta tensión
¿Cómo logró tales avances Sopesa? En 2009 la compañía, en donde tiene una participación el empresario antioqueño William Vélez, ganó una licitación del Ministerio de Minas para la prestación exclusiva del servicio de energía en el Archipiélago de San Andrés. Dicho contrato obligaba a la empresa, de manera progresiva, a reducir la cantidad de energía perdida, así como la instalación de una planta de residuos sólidos y la construcción de un parque de generación eólica. Sin embargo, y a pesar de los logros, tras 8 años de ejecución de dicha concesión el balance es agridulce. La planta de residuos se inauguró y se redujo la pérdida de energía, incluso superando las metas. Sin embargo, ha sido imposible un permiso de los raizales para instalar tres turbinas de generación eólica. A esto se suma que algunos pobladores todavía se resisten a pagar por el servicio.
Hoy San Andrés tiene la energía eléctrica más cara del país, en buena parte porque todo se genera quemando diésel, el cual se compra en Cartagena. No solo es un tema de contaminación sino de costos. Producir un kilovatio hora vale en la Isla $850, mientras que en el resto del país unos $450.
Con las tres turbinas de generación eólica se podría producir 8% de la energía de las Islas y, de esta manera, empezar a bajar los subsidios que año tras año gira el Gobierno y que pagamos todos los colombianos. El año pasado esa factura fue de $72.000 millones, según Sopesa.
Lo peor de todo es que antes de esta concesión de 2009, el Ejecutivo le reconocía a la empresa prestadora de energía un subsidio que se liquidaba con base en la energía generada y no a la facturada. En otras palabras, se subsidiaba toda la energía perdida o contrabandeada. Eso era un incentivo perverso, pues la empresa nunca estaba obligada a mejorar ese tipo de indicadores.
Es por ello que en 2009 el Ministerio de Minas y Energía le adjudicó por 20 años el contrato a Sopesa para suministrar energía a las Islas, con la condición de reducir las pérdidas de manera progresiva.
Ante esa responsabilidad contractual, hace unos 3 años Sopesa abrió una licitación para optimizar los sistemas de medición de la energía y darle un vuelco al tema. Luego de un largo proceso, en el que participaron firmas de Corea del Sur e Italia, el contrato fue ganado por la empresa Ingenierías Aliadas, con sede en Medellín y experta en este tipo de desafíos y tecnología.
“Nosotros le propusimos a Sopesa la instalación de contadores inteligentes con tecnología capaz de realizar un monitoreo remoto del consumo de energía y de mitigar la manipulación de los equipos”, cuenta León Darío Osorio, gerente general de Ingenierías Aliadas.
Así funciona el sistema. Una vez gana el contrato, Ingenierías Aliadas inicia el proceso para cambiar todos los contadores tradicionales por otros que fueron diseñados por la empresa y construidos en China. A diferencia de los equipos viejos y deteriorados, esos nuevos equipos no están instalados en la fachada o interior de las casas o negocios, sino en los postes de energía, pues son de un tamaño y peso muy reducido. A cada usuario se le entrega un display o pantalla pequeña en donde puede ver cuánto está consumiendo su casa o negocio y verificar la estabilidad en el flujo de energía (ver dispositivo en la foto de Jeremy Escalona). Esto último es muy importante en caso de daños de electrodomésticos, pues es posible verificar los picos de electricidad, que pueden ser usados para eventuales reclamos ante Sopesa.
En caso de retrasos en el pago de la factura, la compañía de energía puede de manera remota suspender el suministro con un solo clic desde su centro de control. Una vez el usuario se pone al día, la empresa restablece el servicio en cuestión de minutos. ¿Qué pasa si alguien se sigue subiendo al poste a reconectar otro cable? La respuesta de los responsables de esta tecnología es que el equipo instalado en cada poste permite saber cuánta energía se está entregando y facturando en la cuadra o zona. Si hay un incremento no facturado e inusual, inmediatamente se dispara una alarma en el centro del control desde donde se programa una visita al poste afectado.
Aunque está a años luz de llegar a un punto ideal, luego de incorporar estas innovaciones hace un par de años, la transformación es evidente. A pesar de que todos los hoteleros y los comerciantes ya entraron en esa onda del pago, algunos pobladores, sobre todo raizales, se oponen con vehemencia al cobro. En algunos barrios ni siquiera es posible la entrada de los vehículos de Sopesa porque inmediatamente se organizan los lugareños para expulsarlos.
El poder de la comunidad raizal sigue siendo muy grande. Allí habría que escarbar algunas razones históricas que expliquen por qué se oponen al pago de una factura, a la instalación de turbinas de viento o a la apertura de un muelle náutico, que son obras que se han frenado por la presión de estas comunidades.
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