Además de la alta exposición mediática que ha tenido el caso de abandono de las obras del barrio Los Corales, la situación legal para el contratista cada vez más se complica y se empieza a cerrar el círculo en torno suyo por el incumplimiento de las obras y el caso amenaza con destapar intereses económicos y políticos que parecen estar detrás de esa contratación que ha frustrado a los moradores de ese barrio que aspiraba mejorar sus condiciones locativas pero ahora afronta los perjuicios por ese abandono.
La semana pasada el contralor departamental y las procuradoras ambiental y regional hicieron una visita de inspección al lugar en tanto que la aseguradora que debía inspeccionar el sitio no apareció. El propósito de la visita era socializarles los procesos que se vienen adelantado para garantizar la recuperación de los recursos de la obra y de otra parte velar por el cuidado del medio ambiente, la salud y bienestar de los habitantes del barrio.
La visita de los entes de control tiene como referente la denuncia ciudadanía D180015 del 30 de Julio de 2018 radicada ante la Contraloría General del Departamento Archipiélago y otras quejas elevadas por la comunidad en diferentes medios de comunicación relacionadas al Contrato de Obra No. 1880 para la rehabilitación y Mantenimiento de las Vías Priorizadas en el Plan Vial de San Andrés (Vías internas de los Corales) y del Contrato de Interventoría No. 886, las procuradoras Ambiental Sara Pechtalt y Regional Karina Causil, junto al Contralor General del Departamento, Franklin Amador Hawkins, visitaron el barrio los Corales con el fin de escuchar a la comunidad y resolver sus inquietudes.
Estas acciones se suman a la Resolución 005880 del 19 de julio de 2018 en donde el Gobierno Departamental declaro el incumplimiento del Contrato por retraso del 87,64 por ciento de la obra y se estipulo el valor del retraso en 1.851 millones 116.634 pesos y se le impuso a la firma Consorcio Vías Corales y a la aseguradora Seguros del Estado S.A la aplicación de la cláusula penal y la obligación de pagar al Departamento 422 millones de pesos que pueden ser descontados de los saldos a favor del contratista por las obras que haya podido ejecutar, se ordenó hacer efectiva la garantía otorgada mediante las pólizas y se procedió a la liquidación del contrato.
De igual forma se avanza en la investigación penal que presento la entonces gobernadora encargada Sandra Howard Taylor en la misma fecha, contra el ingeniero Carlos Julio Ramírez James y Marco Tulio Solano Glen, en su condición de contratistas, por los delitos de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y abuso de la confianza calificado. Además de los retrasos en la ejecución de las obras, el contratista al parecer no se dio el uso que corresponde al anticipo que se le entrego para la compra de materiales, pago de mano de obra y disponibilidad de equipos para el mismo.
Esta obra ha estado salpicada de irregularidades hasta el punto que se habla de una obra por la que se pagaron anticipos sin contar con diseños arquitectónicos, pero curiosamente el interventor dio vía libre a la entrega de dichos pagos sin objeción alguna.
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