Denuncian interventores sin experiencia y sanciones injustificadas.
La Superintendencia de Salud se convirtió en una policía política que impulsa la reforma a la salud debilitando a las entidades promotoras con multas, intervenciones y liquidaciones.
La Superintendencia de Salud, encargada de inspeccionar, vigilar y controlar el sistema general de seguridad social, se ha convertido en una de las entidades más importantes del Gobierno.
En línea al objetivo reformista de esta administración, la institución ha multado, intervenido y liquidado varias EPS en medio de actuaciones ampliamente cuestionadas.
Para nadie es un secreto que el Gobierno busca eliminar las EPS mediante la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República. Es una decisión tan compleja que terminó con el rompimiento de la coalición oficialista, el estancamiento de las otras reformas y proyectos de interés nacional, y la salida de por lo menos un ministro.
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Por esta razón, el sector salud teme que se utilice la Supersalud como una herramienta para presionar y debilitar las EPS, con el fin de que la reforma logre convencer a escépticos.
Si bien ha habido pronunciamientos de algunos actores, muchos prefieren hablar del tema en privado por miedo a posibles represalias y medidas injustificadas en su contra.
El gremio coincide en que todo comenzó con el nombramiento de Ulahy Beltrán, superintendente de Salud, por parte de la exministra Carolina Corcho. El médico cirujano tiene amplia experiencia en la rama administrativa del sector, pero ha sido cuestionado por investigaciones abiertas en la Contraloría por presuntos daños fiscales del Hospital Universitario Cari de Barranquilla y su cercanía con el clan Torres de la ciudad, contratistas con negocios en salud.
Sin embargo, la verdadera polémica estalló cuando la Superintendencia informó falsamente que las deudas de las EPS ascendían a 49,1 billones de pesos. Fue una declaración escandalosa para el gremio y Beltrán tuvo que rectificar, aceptando que el monto verdadero era de 23,3 billones de pesos.
Para Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, este fue el inicio de una administración que califica como “una vagabundería”.
“Esta Superintendencia es una vagabundería. Actúa de manera premeditada, como si todo lo hiciera articulado a un plan macabro para poderse apoderar de las EPS, por un lado, y para ayudar a generar la crisis por el otro. El primer indicio de lo que iban a hacer fue cuando dio una cifra falsa sobre la deuda.
Tuve que salir a preguntarle al presidente y a la ministra de dónde salía esa cifra, luego corrigieron. Querían cambiar la percepción de los colombianos”, dijo el exfuncionario, en entrevista con SEMANA.
Aristizábal también denunció que se eliminó un portal que su administración creó para hacer pública toda la información de la Superintendencia, como transacciones entre actores, pagos y giros: “Ya no se puede ver. Lo desmontaron para que no podamos ver y analizar”.
El exfuncionario aseguró que la entidad pasó de tener una estructura técnica y transparente a ser “política y oscura”.
En nueve meses de gestión, la Superintendencia de Salud celebró haber roto un “récord” en multas. La entidad informó que impuso 213 sanciones por 75.618 millones de pesos sobre actores del sistema, especialmente las EPS y representantes legales de las entidades.
De acuerdo con la entidad, se trata de un aumento del 317 % en términos del monto de las sanciones, si se le compara al mismo periodo del año anterior.
Esta misma acepta que el mayor incremento se dio en las que recaen sobre las EPS, cuyas sanciones conjuntas llegaron a los 43.735 millones de pesos.
Una de las multas más severas fue impuesta a EPS Sura, por 5.800 millones de pesos, hecho sin precedentes en el país y acción que fue calificada como “desproporcional”. Todo esto, por una supuesta desatención a una adulta mayor, quien sigue recibiendo atención de la aseguradora.
No obstante, las intervenciones y liquidación de las EPS es lo que más preocupa al gremio en la actualidad.
La SuperSalud evidenció un incremento en las quejas de los pacientes de esta EPS.
SuperSalud revocó funcionamiento de empresa promotora de salud que prestaba servicios en los Santanderes.
Hasta el momento, se han liquidado cuatro EPS en lo que va del Gobierno Petro.
Ecoopsos, Comfamiliar Huila, Convida y Comfaguajira, que juntas acumulan más de 1.600.000 afiliados. Sin embargo, esta no es la mayor preocupación.
En el momento, tres EPS importantes están siendo intervenidas de forma forzosa con justificación dudosa y trámites opacos. Asmet Salud, Emssanar y Savia Salud, tres entidades importantes para el régimen subsidiado, están en manos de la Superintendencia.
En el caso de Emssanar, se intervino desde la administración pasada por deterioro de indicadores financieros y deficiente prestación de servicios. Juan Manuel Quiñones fue el interventor asignado por el anterior superintendente para la tarea.
Llama la atención una carta de Quiñones a Beltrán con fecha del 1 de marzo de 2023, conocida por SEMANA, en la que habla sobre una llamada que sostuvieron sobre el estado de cartera de Emssanar. En la misiva amplía información sobre pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), pero resalta el último párrafo, en el que hace una aclaración que podría indicar posibles presiones para otorgar “favorecimientos”.
“Ahora, ante la vista del prestador a su despacho, es preciso indicar que las puertas de la EPS han estado abiertas, bajo parámetros de ética y respeto de lo público, y mientras esta sea la actitud del prestador se mantendrán, cosa diferente que pretenda el prestador un favorecimiento a través de consejas o pedidos de otro tipo, a los que de antemano advierto no asistiré”, se lee en la carta.
Después de esta misiva, la Superintendencia prorrogó la intervención y nombró a Luis Carlos Arboleda Mejía como nuevo interventor, alguien con menos experiencia.
También está Asmet Salud, una EPS con operaciones en Bogotá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Si bien es una aseguradora con serios problemas financieros y de prestación, esta tenía una medida de vigilancia hasta septiembre de este año. De forma repentina y sin haber cumplido el plan establecido, la Superintendencia elevó la medida a una intervención.
El superintendente delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, Luis Carlos Gómez Núñez, renunció a su cargo y pasó a ser interventor en cuestión de días.
“Él está impedido. Existe un banco de hojas de vida para interventores y liquidadores. Además, la norma impide que un funcionario de la Superintendencia esté en una EPS o IPS, inhabilitándolos por un año. Incluso, como delegado, conoció casos de Asmet Salud”, le dijo a SEMANA una fuente cercana a la intervención que pidió reserva de su identidad.
Este medio conoció denuncias de proveedores privados que no reciben pago de Asmet Salud desde la intervención. El dueño de una de las empresas confesó que está al borde de la quiebra. Finalmente, la Superintendencia revocó la autorización de la EPS para operar en Caldas, Santander y Norte de Santander.
El caso más controversial es el de Savia Salud, una EPS antioqueña que venía superando dificultades y destacando por sus buenos resultados.
“Venía mejorando los indicadores en una región tan difícil para contratar. El superintendente ingresa como interventor a una persona de la costa, sin ninguna experiencia. Un abogado litigante”, manifestó el exsuperintendente Aristizábal.
En entrevista con SEMANA, Lina Bustamante, gerente de Savia Salud hasta la intervención, resaltó la mejora sustancial de los indicadores de la EPS, que no ameritaba una medida de este tipo.
“Me parece injusto con Savia Salud, con el sistema y con el departamento. Si no se maneja bien, podría implicar afectación de la prestación del servicio en Antioquia”, indicó.
La preocupación de un colapso del sistema en el departamento llevó a que congresistas, sector privado y el gobernador Aníbal Gaviria rechazaran la medida. El mandatario incluso dijo que los argumentos de la Superintendencia para intervenir son “grotescos”.
El gremio de la salud se encuentra asustado y a la expectativa de sanciones, multas, intervenciones y liquidaciones mientras la reforma a la salud se discute en el Congreso de la República. Mientras tanto, los usuarios son los mayores afectados, cuya salud corre riesgo por la preocupante situación de sus aseguradores.
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