El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés encontró solidariamente responsable de la desaparición del capitán Rafael Tobías Caicedo Padilla ocurrida el 9 de diciembre de 2016 a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional y Policía Nacional y los condenó a pagar los daños y perjuicios causados a la familia del malogrado marino de la embarcación Smart.
En fallo de primera instancia el Tribunal con ponencia del magistrado José María Mow Herrera avaló las pretensiones de los demandantes e impuso la condena a favor de la compañera permanente, hija y hermanos del capitán quien fue detenido en la fecha 9 de diciembre en la isla de Providencia por el supuesto hallazgo de alcaloides en la bodega de la motonave que éste capitaneaba, y en una serie de acciones irregulares, decidieron embarcarlo en la nave que se siniestró.
La demanda que fue incoada oportunamente por el abogado César Pizarro Barcasnegras, demostró que el capitán fue ilegalmente capturado, irregularmente embarcado a una nave con fallas en el mantenimiento que precipitaron su caída al mar, mal manejo de la emergencia, la imprudencia de la tripulación por despegar desde un aeropuerto sin funcionamiento en horario nocturno, sin sistema de radar que estaba dañado, en condiciones climáticas inadecuadas, y con un manejo errado de la emergencia, los cuales rebasaron todos los riesgos del caso, y sin observar el deber de cuidado del detenido, ya que nunca pudieron demostrar que llevaba chalecos salvavidas o que efectivamente le retiraron las esposas con la que lo mantuvieron custodiado durante todo el vuelo.
Los demandantes lograron demostrar con un gran acerbo probatorio tanto documental, testimonial, fílmico y de audio, sobre las comunicaciones del helicóptero y la torre, los videos de rescate, más las declaraciones de oficiales y suboficiales de la Armada y la Policía y de funcionarios de la Aeronáutica, Civil, además de los informes de la compañía Airbus Helicopters, las fallas en las que incurrió la tripulación de la nave y las responsabilidades de la Armada Nacional y la Policía Nacional, para determinar que estas fueron solidarias y administrativamente responsables de la desaparición del capitán y consecuentemente quienes deben resarcir los perjuicios morales y materiales que le causaron a los familiares del desaparecido y que no estaban en la obligación de soportar tales daños antijurídicos.
Para el togado que llevo el caso, esta decisión del Tribunal es hasta ahora el único acto de justicia que se ha hecho con la víctima y su familia, luego de tres años de esta tragedia familiar que se cumplen el próximo lunes 9 de diciembre, que nunca debió ocurrir porque las autoridades debían realizar los actos urgentes en Providencia que disponía de todo lo necesario para realizarlo en ese municipio, no debieron trasladarlo a San Andrés, no debieron embarcarlo en un helicóptero, ni darle el tratamiento de delincuente, ya que solo respondía por ser el capitán de la motonave, la cual después de su muerte volvió a caer en Providencia con droga y su nuevo capitán también fue capturado pero liberado de inmediato y que demuestra que no era Caicedo Padilla quien estaba involucrado con esos alijos de alcaloide en el buque Smart.
“Desde este lamentable episodio de la desaparición del capitán Tobías, a la familia Caicedo Padilla le ha sobrevenido una desgracia tras otras, ya que esta situación precipitó la muerte de la madre de la víctima, de dos hermanos suyos y de una sobrina, sumidos en la pena moral, la congoja y el abatimiento que esta desaparición y probable muerte presunta le han causado al entorno familiar, y es lamentable que la Armada Nacional haya archivado las investigaciones disciplinaria y administrativa, sin declarar responsables, dando de baja un helicóptero de 10 millones de dólares que se perdió por la imprudencia de la tripulación y la línea de mando que autorizó el vuelo, que la Procuraduría se haya lavado las manos frente a la investigación disciplinaria negándose a ejercer el poder preferente y hacer la investigación disciplinaria, y la justicia penal, que decidió trasladarle a la justicia penal militar a un batallón del sur de Bolívar, el proceso penal por homicidio culposo; solo hasta ahora brilla la justicia y de la mano del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés que juiciosamente avoco todo el proceso y evaluó todas las pruebas aportadas”, explicó Pizarro Barcasnegras.
Finalmente cuestionó la poca importancia que el Estado le ha dado a este caso donde se perdió una vida humana, una vida animal (canino Rex) y un helicóptero del Estado. Fue deplorable que ni siquiera concurrieron a la audiencia de conciliación, luego la demanda tanto la Policía como la Armada la contestaron extemporánea y con absoluta negligencia, y peor aún la argumentación en cabeza del Ministerio de Defensa, casi que legitima la muerte como control del delito, al argumentar que la desaparición y presunta muerte del capitán Caicedo Padilla, era su propia responsabilidad por supuestamente haber incurrido en un delito, cuando nunca pudo ser probado eso. » Esto casi que deja al estado aprobando la pena de muerte en Colombia, y en voz de un defensor del Ministerio de Defensa, eso se oye muy mal, avalando las formas extrajudiciales de control sumario del delito con desapariciones y muertes del supuesto implicado, conceptuó Pizarro Barcasnegras.
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