Se trata de una medida cautelar de urgencia dentro del proceso de demanda de proteccion de derechos colectivos promovidos por ex empleados del hospital y veedores ciudadanos, y en consecuencia, se le ordena a Salus Global Partner GC S.A.S., a través de su representante legal, José Julián Carvajal Mejía; al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de su
2 Artículo 2 de la Ley 1715 de 2001, en consonancia con el inciso final del artículo 4 de la Ley 472 de representante legal, Dr. Ronald Housni Jaller; a la Secretaría de Salud del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de su representante, Dr. Heyder Avendario; y a la IPS
Universitaria, a través de la Dra. Marta Cecilia Ramírez O., que de manera perentoria se garantice la prestación del servicio de
anestesiología en el Hospital departamental Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, para lo cual, deberán hacer las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias con el fin de que el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, identificado con el NIT:
900.444.742-7, preste sus servicios de manera ininterrumpida.
La decisión se adopta al proceder el Despacho, a resolver la solicitud de medida cautelar, incoada en el medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, que
tiene por objeto la reivindicación y protección de los derechos colectivos a la salud, al acceso a los servicios de salud, a la prestación efectiva e integral de los servicio de salud, entre otros derechos afines, de los habitantes del Archipiélago.
En virtud de ello, solicitó una de las actoras, que se mantengan los servicios de anestesiología en el Hospital departamental Clarence Lynd Newball, advirtiendo que existe el riesgo de que los médicos anestesiólogos que prestan sus servicios en dicho centro hospitalario, suspendan sus actividades por la falta de pago.
Fundamenta su petición en la manifestación hecha por el Director del Sindicato Antioqueño de Anestesiología al Superintendente de Salud, quien mediante oficio de fecha 22 de febrero de 2018, señaló la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio de esta especialidad en el hospital del Departamento Archipiélago, ante la falta de pago a los especialistas.
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