Las empresas de telefonía móvil celular Movistar y Tigo completan más de 48 horas de no recibir pagos por supuestos problemas de línea, pero al mismo tiempo los usuarios que no han podido cancelar están expuestos a la suspensión del servicio por mora.
Esto obliga a los usuarios a pagar en puntos de empresas que intermedia en el pago de servicios con los consecuentes cobros de facturas vencidas y vigentes y cobros adicionales por la transferencia prestada.
Pero esta no es la única irregularidad que se presenta en el servicio altamente deficiente de comunicaciones que se sufre en San Andrés.
Recientemente Telefonica Movistar suspendió el servicio de televisión satélital que prestaba a las decenas de miles de usuarios que hay en San Andrés, muchos de los cuales habían migrado de Direct TV que hace un para de años también dejó de prestarle el servicio a sus miles de abonados de planes pospago y prepago.
Esta situación deja el monopolio de la televisión satélital en cabeza de la empresa de cable operadores TV Isla, que tendrá que cablear bastas zonas de la isla a donde aún no llega para ampliar la cobertura universal.
De otro lado en los establecimientos de comercio muchas veces no se puede hacer el uso de tarjetas de crédito y débito porque el servicio de datafono no funciona por que nunca hay comunicación de los equipos con los operadores.
Adicionalmente los servicios bancarios permanentemente se ven afectados por la caída del sistema de comunicaciones, generando demoras en los procesos.
A esto se suma el pésimo servicio de transmisión de datos de los servicios de telefonía celular e Internet tanto de los operadores Claro, Movistar, Tigo, Sol Cable Visión, Alcatel, los cuales no alcanzan ni la velocidad ni la capacidad que le ofertan a los usuarios de las islas, ya que algunos nisiquiera alcanzan a sistema 3G ni 4 G que ofrecen, porque los operadores cuentan con limitada instalación de antenas repetidoras.
Finalmente el sistema de transmisión de datos y voz por cable submarino de fibra óptica no ha colmado las expectativas de los usuarios, es un servicio al que hasta ahora las mayorías de usuarios en las Islas no tienen acceso ya que muchas comunicaciones se siguen prestando a través de señal satélital, y ni las plataformas de servicio WiFi gratis instalados en varios puntos turísticos de la ciudad, plazas, parques o edificios públicos prestan servicio eficiente a turistas y residentes.
Ni que decir del servicio de Internet subsidiado que el Estado ofrece a estratos 1 y 2 de la ciudad, sobre todo a estudiantes a los que el programa Computadores para Educar entregó tabletas y portátiles para estudiantes de esos estratos pero ni los equipos disponen de sistemas operativos compatibles para acceder al servicio ofertado, y además se teme que los canales existentes para el Internet subsidiado son compartidos con los usuarios comerciales del operador.
A raíz de esta situación el abogado Álvaro Archbold Núñez y un grupo de ciudadanos invocaron una acción popular contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Energía Integral Andina y los operadores para exigir que se suministre un servicio eficiente y a costos razonables.
Pero además de la decisión que debe emitir el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, se hace necesario que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones CRT ejerza los controles que le corresponde a los operadores que suspenden el servicio de forma colectiva cuando quieren, no mejoran la calidad, la cobertura, ni cumplen las condiciones específicas que ofertan en los contratos que suscriben con sus usuarios.
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