El zar anticorrupción ciudadano para las islas y veedor de la Red departamental de Veedurías de San Andrés, Leandro Pájaro Balseiro, presentó requerimiento a los presidentes de Senado y Cámara de Representantes de Colombia en el Capitolio Nacional de Bogotá para el cumplimiento del deber y norma legal que permita adelantar un debate contra la Unidad de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Ungrd, para evaluar las responsabilidades del caso en la tragedia de Mocoa que fue arrasada por una avalancha de lodo y piedra por el represamiento de tres ríos y una quebrada en la capital del Putumayo.
“Respetados congresistas, con la presente y facultados por la ley 850 de 2.003 que nos permite a las organizaciones ciudadanas ejercer veeduría sobre la gestión de todas las autoridades públicas, comedidamente estamos solicitando a ese parlamento se digne realizar en pleno, debate a la Unidad de Gestión del Riesgo acerca del cumplimiento de las disposiciones que contempla la ley 1523 de 2.012, en particular, a la asunción de medidas tendientes a prevenir tragedias, especialmente las de tan magnas lamentaciones como la de Salgar (Antioquia) con más de 200 víctimas fatales y ahora, la de Mocoa, con más de 300 y otras 300 desaparecidas, en menos de dos años. Estas tragedias eran técnicamente previsibles, acorde a las denuncias hechas por los pobladores de dichas regiones a través de las noticias emitidas por los medios de comunicación.
El municipio de Salgar, paradójicamente, su Administración fue la primera en presentar el Plan de Gestión del Riesgo y pese a ello, le negaron la insignificante suma de doce millones de pesos para la instalación del sistema de alertas tempranas que le hubiese permitido a su población una evacuación oportuna y no se habrían presentado víctimas fatales. En la de ahora, en Mocoa, solo había que dinamitar controladamente de manera previa el cerro que se desplomó o la reubicación oportuna de familias y tampoco se hubiesen registrado víctimas fatales humanas. Pero claro, no se le concedió la importancia requerida, por lo tanto, no se destinaron los recursos a tiempo.
El presente petitorio va encaminado a que se acaten estas disposiciones de obligatorio cumplimiento para prevenir, o en su efecto, mitigar los impactos negativos de estos eventos. Una manera eficiente es priorizar las zonas de alto riesgo en todo el país a causa de estos eventos hidro meteorológicos, evaluarlos, presupuestar los recursos, asignarlos y ejecutarlos oportunamente. Cuando ocurrió el evento de Salgar, instauramos le denuncia ante la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República y no hemos obtenido respuestas. Consideramos no sobra recordar que la determinaciones contempladas en esta norma nos involucra a toda la sociedad colombiana y en representación de ella, el artículo 44 nos delega la responsabilidad de vigilar que se cumplan, razón por la cual los estamos exhortando a asumir los deberes funcionales y morales para que a través del control político congresional, se vele también por su cabal y diligente cumplimiento”, concluye el requerimiento del veedor ciudadano de las islas.
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