Por: Inge Valencia y Natalia Pérez. Colaboraron: Bladimir Carabalí, Laura Torres y Ana Garay. Seminario Narcotráfico y Securitización, Universidad Icesi.
Para hablar del narcotráfico en las islas de San Andrés y Providencia hay que entender lo que las islas han representados históricamente en la cadena del tráfico de drogas. El impacto de la violencia asociada a la llegada de las bandas criminales y el narcotráfico es innegable.
Seguridad versus oportunidad
Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son las principales de este archipiélago, ubicado a 750 Km de la costa norte colombiana. Estas islas, conocidas por la disputa territorial con Nicaragua, por sus playas blancas y el famoso mar de los siete colores tienen también una historia de más de veinte años relacionada con el narcotráfico.
Se habla del lavado de activos que hicieron grandes capos como Gonzalo Rodríguez Gacha o los hermanos Rodríguez Orejuela hacia finales de los años ochenta. También son populares las historias del comercio ilícito que permitieron consolidar la llamada “ruta de la langosta” cuando se contrabandearon armas durante las guerras centroamericanas de la década de 1980. Sin embargo, poco se sabe de lo que ha sucedido a partir de la década de 2000, desde que la violencia asociada al narcotráfico ejecutado por estructuras del neoparamilitarismo emergente llegó a las islas.
En San Andrés y Providencia hay antiguas y nuevas estructuras del narcotráfico que vinculan una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, en actividades ilícitas. Lo bien que pagan este tipo de trabajos, sumado a la difícil situación económica de la región, ha hecho que muchos jóvenes decidan vincularse al “negocio” a pesar de los riesgos que implica.
Las cifras de la región muestran un contraste: mientras el archipiélago concentra el 25% de las actividades turísticas del país, lo que podría ser sinónimo de crecimiento económico, el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en San Andrés es de 40.84% y en Providencia de 19.70%.
La desigualdad las islas tiene que ver con un proceso de cambio social y económico de décadas. Se originó en 1953 cuando se declaró San Andrés como puerto libre. Este modelo de acumulación debilitó la autonomía productiva sustentada en actividades como la agricultura y la pesca y produjo transformaciones sociales y territoriales, como la llegada de muchos nuevos pobladores provenientes del continente. El aumento de la población junto con la ausencia de planificación urbana ocasionaron problemas de salud, educación, vivienda y desempleo. Años después estas condiciones se harían más extremas con el auge del turismo que empezó en las décadas de 1970 y 1980, y la crisis económica causada por la política de apertura económica en la década de 1990.
En estas regiones fronterizas, habitadas en su gran mayoría por población afrodescendiente, existe un patrón de desigualdad a pesar de la importante actividad económica en la región. No es un secreto que para muchos lugares en América Latina el narcotráfico se convierte en una opción frente a la crisis de incorporación o la falta de oportunidades de muchos lugares.
Archipiélago fronterizo: entre la ilegalidad y la violencia
En la historia de estas islas hay presencia del contrabando y la ilegalidad como un fenómeno de larga duración, desde la herencia colonial de piratas y filibusteros, hasta el contrabando de comienzos del siglo XX como consecuencia de la cercanía con el canal de Panamá. Sumado a coyunturas políticas y económicas, como la instauración del régimen socialista en Cuba y el surgimiento de las guerras centroamericanas, que produjeron el contrabandeo de nuevas mercancías como marihuana, azúcar y armas.
En la década de 1990 el Cartel de Cali descubrió que desde el archipiélago la droga podía llegar a Centroamérica y subir al norte. En este momento era común que jóvenes ofrecieran sus servicios como lancheros para surtir de gasolina a barcos que llevan la droga.
Entre 1994 y 2002, la intensificación de las políticas internacionales y nacionales de control del tráfico y comercialización de las drogas debilitó a los carteles colombianos que terminaron dejando libre el camino a los carteles mexicanos quiénes entraron a disputar la comercialización. El investigador Camilo Echandía explica que este fue un período de expansión de grupos ilegales asociados al paramilitarismo y el narcotráfico. Durante estos años hombres de las islas se vincularon a las actividades ilícitas a través de la “prestación de servicios”, como lancheros, por ejemplo, sin pertenecer directamente a las estructuras de los carteles.
Los cambios más radicales llegaron en 2005 a partir de la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia y la llegada de algunos de sus cabecillas a San Andrés. Comenzó entonces la disputa local para asegurar la continuidad de las rutas hacia Centroamérica y México. Según un estudio del Observatorio de procesos de desarme, desmovilización y reintegración (ODDR), en 2012 se registraba en San Andrés presencia Los Paisas, Los Urabeños y Los Rastrojos. La presencia de las bandas enn la región fue «anunciada» con panfletos amenazantes. Aparecieron además listas de personas a quiénes se les “recomendaba» pagar un impuesto sobre actividades comerciales (lícitas e ilícitas).
El nacimiento de las llamadas «bacrim» se puede ubicar hacia el año 2005, tras la parcial desmovilización del paramilitarismo en Colombia. Según el investigador Daniel Rico, por esta época las bandas empezaron una fase de “expansión” que consiste en más presencia en el territorio nacional, también internacional, y en el “mejoramiento de la cadena productiva”, comparativamente con las organizaciones mexicanas.
La expansión de las bandas c
ondujo al recrudecimiento de la violencia en el caribe y en las islas, al tiempo que Los paisas y Los rastrojos afianzaban su presencia en la zona. Según datos de la Policía Nacional, durante 2010 se triplicaron las cifras de muertes violentas con respecto a 2005 o 2008. En un comienzo Paisas y Rastrojos actuaron juntos, pero debido a peleas por un cargamento de droga perdido y por el cobro de “vacunas” empezaron los ajustes de cuentas.La guerra se extendió al Caribe continental colombiano, a ciudades como Cartagena y Santa Marta; y a ciudades centroamericanas como Colón y Ciudad de Panamá.
Antes los jóvenes se involucraban en actividades de transporte ilegal de gasolina y drogas. Más recientemente se han vinculado a actividades de violencia directa. Las nuevas prácticas violentas provenientes del continente introducen nuevas dinámicas: el miedo, las amenazas, las venganzas, la “eliminación de enemigos y víctimas”, los asesinatos selectivos, torturas y secuestros.
Las transformaciones en el mundo insular
Los nuevos repertorios de violencia han transformado el archipiélago. Durante 2011, 25 personas fueron asesinadas. En años anteriores la tasa de homicidios no superó las cuatro o cinco muertes violentas anuales.
El orden social también ha cambiado. “Antes ellos iban hacían un viaje y llegaban se compraban la licuadora, la lavadora, y se quedaban tranquilos, y se les acababa y de pronto volvían y se embarcaban, pero no era el oficio. Ahora el narcotráfico es una profesión que lleva muchas cosas, porque además se ha convertido en oficio que implica la vinculación con otras estructuras y trae violencia… entonces la agricultura no vale la pena, la pesca no vale la pena, y eso va acabando con la cultura, eso va acabando con la familia, pero sobre todo la violencia acaba con principios de la vida insular que antes no se tocaban”, dice un habitante de Providencia.
Las estructuras del narcotráfico en San Andrés comenzaron a profesionalizarse; surgieron los “servicios especializados”: redes de informantes, transporte de droga y gasolina, prestación de servicios como capitanes y navieros para el transporte marítimo de droga, gasolina o dinero.
Por muchos años fue común el transporte de droga en lanchas rápidas al servicio de los carteles de la droga. Quienes hacían los “cruces”, se encargaban del transporte y entrega de la mercancía y recibían su remuneración sin vincularse al resto de actividades ilícitas. Hacer un «cruce”, ser un tripboy o capitanear una lancha go-fast se fue convirtiendo en algo cotidiano para los jóvenes involucrados con el narcotráfico. Hoy hay jóvenes de las islas que siguen prestando sus servicios pero se vinculan además directamente con las estructuras paramilitares.
La diversificación también significa nuevas tareas y nuevas formas de contratación siguiendo el modelo de “outsourcing” o prestación de servicios como transporte de droga u “oficinas de cobro”. A partir de 2005 muchos jóvenes comenzaron a ser contratados para hacer actividades de extorsión, respondiendo a cadenas de mando que muchas veces tiene su origen en el continente. Ya no sólo hay jóvenes lancheros que prestan sus servicios, nuevos oficios como los extorsionistas y los lavaperros han aparecido en el contexto insular.
Las drogas y sobre todo la violencia se han convertido en protagonistas de una nueva economía. La violencia se impone como única manera de resolver conflictos y diferencias en una sociedad que tradicionalmente no recurría a ella. Crecen el miedo y la desconfianza. Amenazas, sicariato, torturas, secuestros y asesinatos desestabilizan esta sociedad que, a pesar de la relación histórica con la ilegalidad, no está acostumbrada al uso excesivo de la violencia sobre sus pobladores. Paralelamente a la aceptación del narcotráfico, hay un repudio y un miedo colectivo por estas nuevas prácticas que han sido introducidas y que apuntan a romper un sentido de confianza comunitaria hasta ahora propio de las islas.
A este contexto se suma la cada vez mayor presencia cuerpos policiales, del ejército y de la armada nacional durante la última década, y de entidades como la Fiscalía Antibacrim creada en 2012 y la División Nacional de Estupefacientes. También ha habido un aumento de presencia militar estadounidense a partir del acuerdo de interdicción marítima firmado en 2010 para la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Jóvenes isleños han sido capturados y están detenidos en cárceles de Estados Unidos como Tampa.
Las cifras evidencian el incremento de actividades ilícitas en las islas, y también la diversificación de las modalidades delictivas, lo que hace del territorio un caldo de cultivo para «nuevos negocios» y la vinculación de los jóvenes la ilegalidad. La respuesta obvia es incrementar la seguridad. Sin embargo cabe preguntarse si estas medidas no deben acompañarse de políticas de prevención y apoyo a la población joven de este territorio de frontera. Tomado de www.lasillavacia.com
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