En materia de orden público, paz y tranquilidad, el mes pasado fue un periodo para olvidar, pero al mismo tiempo un punto de quiebre sobre el presente y futuro socio económico de las islas, particularmente de la capital insular del Departamento, cuya situación de descomposición social no se ha contagiado en las otras islas pobladas del Archipiélago.
Una semana en la que resultaron con heridas de gravedad dos turistas en hechos aislados, una muerte violenta, otros dos ciudadanos atacados a la bala en medio de la calle y a plena luz del día como en el Viejo Oeste; una serie de atracos y hurtos, el despertar de una comunidad y la anarquización de la ciudad por cuenta de ladronzuelos de corta edad que atacan a sus víctimas con tal descaro que lo único que basta es que pasen a su lado para atacarlos como cuando una fiera ataca al momento en que un extraño se le acerca a su madriguera.
Episodios todos con gran sonoridad y amplitud por cuenta de las redes sociales, fotos, vídeos etc., que por lo pronto es lo único que parece ayudar a imponer sanción social en un mundo donde ni la Ley ni la Justicia ni la autoridad parecen estar funcionando.
Realmente estamos ante el estallido de la bomba social que hace años se venía advirtiendo, y estalló porque mientras la dirigencia política de las islas se dedicó a saquear por décadas las arcas del Departamento, en las barriadas populares y sectores tradicionales la pobreza y falta de oportunidades ganaba terreno y se incubaba un caldo de cultivos para un futuro conflicto.
Estalló porque una dirigencia gremial también vivió abstraída sin advertirle y demandarle a los gobiernos, lo que se incubaba en los sectores residenciales de la isla, y solo se ocupaban de sus particulares intereses gremiales.
También estalló porque un importante sector del empresariado isleño se olvidó de su Responsabilidad Social Empresarial, y solo se dedicó a amasar riqueza sin tomar en cuenta que como dice la sabiduría popular: no se puede contar dinero delante de pobres. Alguien excluido algún día vendrá a arrebatártelo.
El estallido social también es producto de una serie de equivocadas políticas del Estado que se dedicó a invertir más en el cemento que en la gente; en comprar liderazgos sociales para neutralizar rebeliones, antes que invertir en los verdaderos problemas que padecen las comunidades.
Unas políticas que nunca han atendido el verdadero problema social de San Andrés, que es la sobrepoblación y que demandan unas acciones de gigantesco impacto, tendiente a reducir el tamaño de la población a las justas proporciones del territorio.
Y no solo en cantidad sino en calidad, para lo cual es necesario seleccionar la clase de población que debe habitar el archipiélago, ya que un requisito que desde el principio establecía el Decreto 2762 de 1993, cual era la condición socio económica que le garantizara estabilidad social para poder vivir el territorio, nunca se cumplió y se permitió que cualquiera hasta en condiciones paupérrimas, se quedara a habitar las islas.
La bomba social también ha estallado porque la mayoría de hogares de sectores subnormales son disfuncionales, donde hay una madre cabeza de hogar trabajando todo el día y deben dejar sus hijos a la suerte de Dios, sin ninguna autoridad paterna que los oriente, o que sobre ellos ejerza el rol de la autoridad, o que por el contrario los fuerza a salir a robar para traer a casa algo que ellos no proveen y que se convierten en unos pequeños contraventores que luego dan paso a peligrosos delincuentes que hoy hacen parte de una generación fracasada de matones, ladronzuelos y desadaptados, que ni siquiera habría forma de expulsarlos del territorio porque aquí nacieron y son los fifty fifty (mitad raizal y mitad paña), a menos que se hagan profundas reformas a la norma de control migratorio para que se imponga la condición de expulsión de todo mal elemento, indistintamente de su origen, como ocurre en los territorios indígenas.
También tiene su cuota de responsabilidad esa condición cultural de ser una sociedad de infractores que no respeta Dios ni ley; esa que no le importa pasarse el semáforo en rojo, destruir los reductores de velocidad por que lo obligan a frenar, sacar excusas cada vez que se exige el uso del casco protector, botar basuras a cielo abierto en cualquier monte, matorral, bosque o escampado.
Y finalmente ha estado porque contamos con un ente territorial con una absoluta incapacidad institucional, altamente incompetente que no ha sabido llevar programas sociales y de inclusión a donde los necesitan las comunidades; con unas autoridades abstraídas del cumplimiento de sus roles en materia de seguridad y orden pública, poco profesionales y poco comprometidas.
A la larga, aquí no nacieron y no se van a dejar “joder” por una sociedad que no los apoya, que los maltrata, los insulta; la cultura del bobyland que vio al policía como su enemigo, que lo repudia y rechaza, ha hecho bastante daño también al propósito del ejercicio de la autoridad y a la agudización de la anarquía que cada vez se toma las islas.
Con tantos factores de perturbación, como no iba a estallarnos en las manos la bomba social? Ahora debemos buscar la forma de poner orden a todo y entre todos. Cada quien tendrá que sacrificar algo, ceder algo, aportar algo.
No solamente será suficiente con expulsar a los malos sin atender los problemas sociales que se siguen incubando en sus barriadas. Porque estamos ante generaciones completas de chicos excluidos, sin futuro por delante y que a la brava buscan como conseguir algo o incluso como hacerse notar.
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