THE ARCHIPIELAGO PRESS estuvo presente en el Palacio de Justicia en momentos en que una buseta de la Policía Nacional trasladó hacia el centro carcelario y sitios de domicilio donde deberán permanecer a partir de ahora los funcionarios y ex funcionarios cobijados con medida de aseguramiento impuesta por el juez de control de garantías Yair Torres Diaz tras una prolongada audiencia de casi dos semanas.
Como se sabe esta tarde hacia las tres, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imposición de medidas de aseguramiento contra los funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación del Departamento capturados por presunta corrupción administrativa en la adjudicación de contratos de obras públicas, principalmente en la ejecución de las obras de los mega colegios de San Andrés.
El ente acusador pidió detención en centro de reclusión del INPEC para seis de los indiciados y en domicilio para tres de los procesados: la ex secretaria de Educación Edelmira Archbold, la ex secretaria de Planeación Tatiana Pérez y el contratista Juan Diego Alvis Cortés, ingeniero civil.
En tanto que contra Alejandro Lozano Bowie, secretario de Infraestructura, Ain Zulema Conolly, jefe Oficina Jurídica, Elizabet O´Neill, supervisora de los contratos adjudicados irregularmente, Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista, Sergio Fabian Lever Whittaker, contratista y Luis Albeiro Urrego, supervisor de contrato se solicitó la detención en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés, la cual fue admitida por el juez de control de legalidad.
Tras la imposición de las medidas de aseguramiento para los nueve funcionarios, los abogados de los que fueron cobijados con detención en el centro intramuros del INPEC apelaron las decisiones, el juez decretó un receso y luego entró a escuchar la sustentación de las impugnaciones que fueron concedidas para que el juez penal de conocimiento sea quien resuelva.
«No hay derecho a robarse el dinero de nuestra gente, lo digo como Isleño, no como juez», sentenció el togado antes de justificar su decisión de enviar al centro penitenciario de mediana seguridad La Nueva Esperanza del Inpec, donde esta noche pasan su primera noche los funcionarios y contratistas del Departamento.
La decisión se dio en medio del llanto del propio juez, de los indiciados y la impotencia de reputados abogados como el ex fiscal General encargado José Fernando Perdomo y Jaime Lombana, cuyos sonoros pergaminos y experiencia parecen no haber sido sufiiciente para evitar la detención intramuros.
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