El pasado domingo en la noche moradores de un sector inmediato al populoso barrio Morris Landig perpetraron una asonada cuando la autoridad del orden se aprestaba a ejecutar un operativo de allanamiento para proceder a incautar un poderoso pick up que durante todo el día había estado produciendo un ensordecedor ruido que ya afectaba a vecinos de la zona.
La vergonzosa reacción de la comunidad de la zona fue impedir el operativo y atacar a los uniformados con machetes, armas contundentes e incluso armas de fuego hiriendo a cinco de los agentes, a quienes incluso les tocó esparcir gases lacrimógenos para poder controlar a los agresivos moradores del sector.
Resulta apenas reprochable que la comunidad se vaya lanza en ristre contra la autoridad instituida para imponer el orden e impida sus procedimientos que en casos como estos están dirigidos contra los transgresores de las normas que buscan la sana convivencia de las personas y en casos más extremos contra delincuentes que muchas veces azuzan a la comunidad para que estos terminen protegiéndolos y obstaculizando los operativos de las autoridades.
Un comportamiento colectivo de esta naturaleza lo menos que merece es un reproche social para toda esa comunidad que se prestó a semejante despropósito de impedir una acción legal que busca imponer el orden.
La Policia no puede tener zonas vedadas ni pueden haber ciudadanos que se crean estar por encima de la Ley y utilicen a la comunidad para que proteja o encubra sus contravenciones o delitos. Si es preciso, la Policia tendrá que aprender de estas experiencias negativas y proceder a hacer operativos de esta naturaleza en una forma más coordinada, menos improvisada y acompañándose de un número mayor de efectivos, preparados para cualquier reacción de esta naturaleza y acompañarse de autoridades militares y civiles del Ministerio Público que certifiquen los adecuados protocolos de cumplimiento de estas órdenes, que incluyan además márgenes de negociación o conciliación con quienes se encuentra subvirtiendo la tranquilidad.
Ahora, que si la actuación de la comunidad es el resultado de una reacción al desproporcionado ejercicio de la autoridad, ello tampoco legitimaría el comportamiento ciudadano, menos cuando aparecen armas como machetes o pistolas para causar lesiones a los contrarios, por que de entrada deslegitima toda reacción en ese sentido.
Con la avanzada tecnología en materia de registro foto y video grafico, hoy día es fácil capturar cualquier imagen o grabar cualquier escena que muestre el comportamiento de los uniformado, máxime si éste es exagerado o desproporcionado, como ha quedado demostrado con la situación de protesta y violencia que se vive en Venezuela, donde los ciudadanos reporteros han sido fundamentales para denunciar los desmanes de su fuerza pública. Y con una prueba de este tipo en la mano, el ciudadano puede apelar ante los entes de control como el Ministerio Público y pedir investigación para el servidor que se haya extralimitado, pero nunca puede ser a punta de balas y machetazos, que la gente haga valer derechos que cree tener frente a la fuerza pública.
Lo que obliga la Ley y las normas de pacífica convivencia es el respeto a la autoridad, y el de ésta para con la comunidad. Las demás practicas deben quedar proscritas de nuestro entorno de convivencia.
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