Cuando se empezaba a respirar un aire de tranquilidad y de calma en las islas en los últimos meses, nuevamente la violencia criminal, la de la intolerancia y la accidentalidad, generan zozobra entre la población del archipiélago, que nunca ha estado acostumbrada a altos índices de mortalidad por factores antrópicos como el sicariato, los crímenes selectivos y los frecuentes accidentes que causan fuerte impacto sicológico y emocional en los pobladores.
Aunque los últimos años habían sido relativamente tranquilos en materia de muertes producto del crimen organizado, y los casos de homicidio que se habían presentado eran producto de la intolerancia, de peleas o incluso disputas pasionales, el sicariato no había actuado con tanto énfasis como en años anteriores, que muchos –incluso las autoridades- creían que ese era un asunto del pasado reciente y oscuro de San Andrés.
Pero contrario sensu, ese es un fenómeno que está “vivito y coleando”, y lo que es peor, parece estar mutando a otra etapa mucho más peligrosa, donde ya no solo se trata del accionar de ese aparato criminal por ajustes de cuentas entre bandas de traficantes de drogas, si no que ahora parece ser el cobro con sangre de la negativa de gentes de bien, empresarios, etc. a pagar “vacunas” o extorsiones, hasta el punto que la propia Policía Nacional en su incapacidad de ofrecer seguridad a todos los ciudadanos, propone la autoprotección en seguridad para personalidades y gentes visibles que eventualmente sean susceptibles de ser extorsionadas.
Y aunque las medidas de autoprotección son los principios básicos de supervivencia de cada quien, no menos cierto es que las autoridades están obligadas no solo a prevenir la ocurrencia de estos hechos, si no a reaccionar con mayor efectividad en sus investigaciones contra los autores materiales, mediáticos e intelectuales de estos delitos, y a disponer de los medios que les han sido entregados para su prevención o esclarecimiento con mayor efectividad. Que las cámaras no funcionan, o funcionan a medias no puede seguir siendo una excusa de la Policía Nacional para negarse o abstenerse de esclarecer los crímenes que se cometen en muy transitadas vías de la ciudad.
En esos sistemas de vigilancia la Nación y el Departamento han invertido miles de millones de pesos, y es justo que si no funcionan, operen las pólizas contratadas para la ejecución de tales proyectos hechos realidad; y la Procuraduría y Contraloría también deberían entrar a investigar el estado de los mismos y el detrimento causado con ellos.
Y frente a la alta accidentalidad que este mes cobró al menos cuatro víctimas mortales; una de ellas causada por un vehículo de la propia Policía Nacional, conducido por uno de sus patrulleros que al parecer actuó con excesiva imprudencia, debe haber mayor control a la velocidad, mayor prevención y más drasticidad frente a quienes no quieren cumplir las normas del Código de Transito, negándose a usar los elementos protectores que en la eventualidad de un accidente evitarían la muerte como consecuencia definitiva.
Veintisiete kilómetros cuadrados y pocas vías con dificultades de transitabilidad no deberían producir tal cantidad de accidentes como los que se presentan en las carreteras de la isla, y mucho menos deberían ser un medio determinante en la alta mortalidad que esa modalidad causa entre la población.
De modo que mayor firmeza de la autoridad, más eficacia en el uso de las herramientas de prevención de uno y otro fenómeno y mayor conciencia y solidaridad de la comunidad, deben ser el binomio a utilizar para hacer frente a dos fenómenos violentos que están matando nuestra población.
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