El gobernador del departamento Everth Julio Hawkins Sjogreen está «pagando los platos que otros mandatarios rompieron» debido a que en la última semana el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés le ha impuesto dos condenas por presunto desacato de acciones judiciales que fueron falladas en periodos anteriores a su inicio de mandato como primera autoridad del departamento.
Y aunque es claro que el gobierno es uno solo y que quién ostenta el cargo de primer mandatario debe responder por todas las obligaciones que se le imponen al Ente Territorial y al funcionario como tal, en virtud de su calidad de representante legal del Departamento, también es bien cierto que la morosidad de los operadores judiciales que tardan meses y años para imponer sanciones a los funcionarios que no cumplen oportunamente las obligaciones que éstos ordenan, terminan por generar injusticias contra otros que con menos meses de llegar al cargo ya deben responder por las omisiones de los anteriores.
Y este Parece ser el caso del actual mandatario con fallos que el mismo tribunal expidió en años anteriores (2009 y 2017) pero que ahora le imponen obligaciones a Ever Hawkins.
El primer fallo data del día 22 de noviembre del 2021 y corresponde a un auto de consulta que se elevó ante el Tribunal Contencioso Administrativo frente a un incidente de desacato contra el gobernador y contra la secretaria de servicios públicos domiciliarios por presuntamente no acatar un fallo del año 2009 respecto del plan de manejo ambiental para la extracción de residuos sólidos especiales del punto verde en San Andrés.
El Tribunal modificó la decisión imponiendo lamulta de 10 salarios mínimos unicamente al gobernador del Departamento, a quién declara en desacato y absuelve de esa responsabilidad a la secretaria de servicios públicos domiciliarios.
El segundo fallo es del 24 de noviembre de 2021 y corresponde a una sanción por presunto desacato a un fallo que se emitió en el año 2017, cuando aún no había llegado al cargo.
Está segunda sanción fue promovida por el señor Remigio Barker Sjogreen en contra del actual del gobernador del Departamento en virtud a una obligación que se le impuso en el año 2017 y que se confirmó en octubre del 2018 respecto del proceso de consulta previa sobre la reubicación del monumento cañón de Morgan y el proyecto de museo histórico de la Cultura Raizal.
El mismo incidentista indicó que el proceso debió suspenderse debido a la pandemia pero que dada la reactivación de todos los procesos se solicitó en agosto de este año la intervención de la autoridad de consulta previa del Ministerio del Interior pero que hasta la fecha no se ha dado respuesta a la Autoridad Nacional de Consulta Previa y por eso pidió sanciones para el mandatario del Departamento.
Y mientras las acciones legales que vienen de atrás están afectando al gobernador, las demandas judiciales que este ha impetrado no tienen la misma suerte o celeridad que las que se imponen en su contra.
Hawkins Sjogreen resiente que un incidente de desacato que su administración impetró ante el Consejo de Estado para que se permita levantar las restricciones legales en la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de pavimentación de la carrera 13 o calle paralela a la pista de aterrizaje, no tenga el trámite acelerado que de requiere para ejecutar dineros que están en las cuentas bancarias del Departamento mientras la comunidad padece las penurias de una vía en muy malas condiciones.
«El Consejo de Estado devolvió el expediente al Tribunal de San Andrés y desde hace cinco meses el proceso está en el despacho de la magistrada Nohemi Carreño y estamos esperando respuesta y no hay respuesta para eso que va a favorecer a todo un pueblo, a un sector densamente poblado, pero cualquier incidente que meten en mi contra se falla rápidamente» , se dolió el mandatario.
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