Las organizaciones abajo firmantes resaltamos los riesgos de la retórica utilizada contra los medios de comunicación durante la presente campaña electoral en Colombia. Esto crea un ambiente que intenta disuadir del ejercicio de la libertad de prensa, reduce la diversidad de información y limita el contenido al que pueden acceder la ciudadanía.
También siembra inquietudes profundas sobre cuál será el clima para la labor periodística bajo el gobierno que resulte elegido el próximo 19 de junio.
Desde el 27 de mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) expresaron su preocupación sobre la manipulación de la conversación pública en redes sociales, así como por el alto nivel de violencia y desinformación en los mensajes relacionados con el debate presidencial. Un patrón común es que estos ataques se presentan después de que preguntas y publicaciones periodísticas son consideradas negativas para los intereses de una u otra campaña, mediante estrategias que generan intimidación y autocensura.
El voto informado de la ciudadanía requiere un diálogo social genuino, abierto , participativo, plural y transparente. Por ello, la obligación de las figuras políticas, en especial quienes asumen candidaturas, es mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas, por encima del que se espera de la ciudadanía. Sin embargo, tanto la campaña de Gustavo Petro como la de Rodolfo Hernández han tenido expresiones reiteradas que obstaculizan el escrutinio de la prensa sobre los candidatos, sus programas, sus aliados y sus financiadores.
La FLIP ha documentado 47 agresiones relacionadas con el cubrimiento de elecciones. Doce de estos casos son atribuibles a integrantes del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro; de la otra campaña, en las últimas dos semanas de la contienda, el candidato Rodolfo Hernandez, y su equipo de comunicaciones, han sido responsables de cuatro ataques.
El contenido de estos mensajes busca implantar la idea de que “la prensa miente”. Asociar a un sector de los medios con ideologías extremistas e imponer cargas políticas pueden incitar la violencia contra medios de comunicación y periodistas.
Recordamos que frente a las tensiones relacionadas con la actividad política en elecciones y la garantía de la libertad de expresión, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión hicieron las siguientes recomendaciones a los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos:
Adoptar y aplicar medidas, como códigos de conducta, que establezcan normas mínimas de comportamiento para sus personas candidatas a cargos electivos, incluso para hacer frente a los discursos que promuevan la intolerancia, la discriminación o el odio, o que constituyan desinformación destinada a limitar la libertad de expresión u otros derechos humanos.
Abstenerse de hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad.
Abstenerse de hacer intencionadamente declaraciones falsas o sin sustento que ataquen la integridad de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, o los defensores de los derechos humanos.
Por lo expuesto, las organizaciones firmantes enviamos un mensaje general de respaldo a la prensa colombiana y rechazamos categóricamente todas las formas de violencia contra la prensa porque ello deteriora el debate público.
En consecuencia, hacemos un llamado urgente a:
Los candidatos a la presidencia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para que adopten una directiva clara y pública dentro de sus campañas políticas de respeto a la prensa y establezcan condiciones de diálogo con quienes hacen cobertura sobre su candidatura. En concreto, se abstengan de cualquier comportamiento hostil y emitan mensajes públicos de respaldo al oficio periodístico y su contribución al debate para demostrar su apertura al diálogo.
Los partidos políticos, líderes políticos y personas que ejercen altos cargos públicos. para que atiendan, de manera urgente, las recomendaciones de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión emitidas en la Declaración Conjunta de 2021.
A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después de las elecciones pueda realizar un análisis de la situación de la libertad de prensa en Colombia y presentar sus recomendaciones al nuevo gobierno.
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