Los pescadores y la representante a la Cámara liberal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, único departamento insular de Colombia, presentaron las denuncias hace más de una semana y el Gobierno de Gustavo Petro no ha hecho ningún pronunciamiento, manteniendo total hermetismo respecto de situaciones nunca antes vista en el Archipiélago, nisiquiera en lo años más álgidos del conflicto armado interno, que hombres con fusiles de largo alcance, intimidaran en esta jurisdicción a ciudadanos colombianos.
Los pescadores colombianos habrían sido asaltados por nicaragüenses fuertemente armados en el archipiélago de San Andrés, y fue el propio dueño del barco pesquero, Cristian Harvey Corpus quien denunció el supuesto saqueo por parte de sujetos que habrían apuntado con armas AK-47.
A pocos días de las audiencias orales del litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya, la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante a la Cámara por San Andrés, denunció que pescadores colombianos habrían sido víctimas de asaltantes armados presuntamente provenientes de territorio nicaragüense.
La congresista radicó una constancia en la plenaria de la Cámara de Representantes en la que expresa su preocupación por los hechos en los que, con armas de largo alcance, hombres nicaragüenses habrían intimidado a pescadores del archipiélago para saquear su embarcación, dejando millonarias pérdidas económicas y causando conmoción entre la comunidad pesquera de la isla.
Cristian Harvey, dueño del barco pesquero asaltado, conversó con la revista Semana sobre lo que ocurrió, la presunta intimidación de los ladrones y las pérdidas económicas que habría significado el robo.
Los hechos habrían ocurrido a las 2 de la mañana del lunes 28 de noviembre, después de una jornada de pesca. Los diez tripulantes del barco Mar Azul se quedaron dormidos, pero fueron despertados por la proximidad de otra embarcación tripulada por hombres fuertemente armados.
“Los diez tripulantes fueron abordados por cuatro personas en el barco y otras cuatro en otra embarcación, armados y apuntando hacia ellos. Estaban dormidos y los sorprendieron. Los acostaron boca abajo y a la otra mitad los llevaron al cuarto de máquinas. Hicieron varios disparos, el guardacostas de Providencia se quedó con los cartuchos de los disparos”, aseguró Harvey en conversación con este medio.
Las armas, según la denuncia, habrían sido AK-47, un fusil de asalto de largo alcance. Los hombres, atemorizados, tuvieron que acatar las instrucciones de los sujetos y por esa razón, afirma Harvey, salieron con vida.
“Llegaron buscando el producido, que fueron 46 bolsas de langostas. El precio de las langostas se estima en 200 millones de pesos. Se llevaron todos los radios de comunicación y los motores, para que no pudieran seguir navegando. En total son cerca de 400 millones de pesos en robos”, manifestó el dueño del barco pesquero de 15 pies de altura.
Harvey tiene claras las coordenadas en las cuales habría sido interceptado el barco y asegura que fue en aguas habilitadas para la pesca colombiana. “Estaban en aguas colombianas, en el Cayo Quitasueño”, dijo.
“Es crónica de una muerte anunciada. En varias reuniones, los tripulantes del barco me traían videos y yo los enviaba mostrándoles que los nicaragüenses están diciendo que prácticamente la zona les pertenece y no salen de allá. Pasan tranquilos y los guardacostas no hacen absolutamente nada”, agregó.
El sanandresano asegura que los nicaragüenses pescan armados y los colombianos no tendrían implementos para defenderse, solo los arpones de la pesca. “No nos permiten bucear con tanques, pero todos los nicaragüenses bucean con tanques. Estamos desprotegidos”.
La Armada Nacional, según el pescador, asegura no poder cubrir todo el territorio: “Lo que siempre dicen es que tienen un solo buque y el área es muy extensa”.
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La representante por San Andrés solicitó a la Armada Nacional y al Comando de Guardacostas que aumenten la presencia en el territorio e intensifiquen los patrullajes en áreas de pesca, actividad que es el sustento de muchas familias en las islas. “A través de esta actividad ancestral son quienes de una u otra manera aún hacen soberanía”, dice la constancia.
“Finalmente, quiero manifestar que es urgente que el Gobierno nacional convoque a una reunión prioritaria liderada por la Cancillería y la Armada Nacional, el Ministerio de Agricultura y Pesca, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, y a los representantes de los pescadores en las islas para que de manera conjunta se tomen medidas sobre estos casos, toda vez que afectan de manera trascendental la seguridad de la actividad pesquera en el archipiélago”, solicita la representante.
Semana consultó con la Cancillería de Colombia sobre los hechos denunciados en el archipiélago y hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte de la cartera liderada por Álvaro Leyva.
Foto de ilustración: Alamy Stock Photo
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