La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones en un proyecto que buscaba recuperar los arrecifes coralinos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esos arrecifes están afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo.
El contrato está relacionado con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). La iniciativa recibió financiación del Fondo Nacional Ambiental y tenía como propósito contribuir a la recuperación de ecosistemas marinos afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo.
El monto bajo investigación asciende a $3.000.841.596. La apertura del proceso no significa que exista una responsabilidad fiscal definitiva, pues las autoridades deberán evaluar las pruebas y establecer si se produjo un daño efectivo al patrimonio del Estado.
Actividades y gastos bajo revisión
Entre las situaciones que motivaron la investigación aparecen posibles incumplimientos en las actividades previstas para la restauración de los arrecifes. Según los hallazgos divulgados por los organismos de control, algunas labores aparentemente no se ejecutaron o quedaron inconclusas, pese a que se habrían realizado pagos relacionados con el proyecto.
La Contraloría también identificó inconsistencias en los documentos que respaldan determinados gastos. Estas observaciones buscan establecer si los desembolsos correspondieron a trabajos efectivamente realizados y si los recursos se utilizaron conforme a las obligaciones establecidas en el contrato.
Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con gastos asociados a viajes y viáticos desde Bahamas. Según los reportes sobre la investigación, estos desembolsos no estarían suficientemente justificados dentro de los objetivos de recuperación de los ecosistemas coralinos.
Las observaciones también incluyen deficiencias en la planeación contractual. Entre ellas se encuentran la falta de especificaciones técnicas sobre materiales, equipos y actividades, así como la ausencia de información detallada sobre algunos requerimientos logísticos necesarios para ejecutar las intervenciones.
Estas falencias habrían dificultado la verificación de los costos y el seguimiento a las obligaciones del contratista. Por ello, el proceso fiscal deberá establecer cómo se estructuró el proyecto, qué actividades se cumplieron y si las deficiencias identificadas ocasionaron una pérdida de recursos públicos.
Funcionarios y contratistas vinculados
Como parte de la investigación, la Contraloría vinculó a servidores públicos y extrabajadores que habrían participado en diferentes etapas del contrato, incluidas la planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación. También fue incluido el representante legal de la entidad contratista.
La vinculación busca determinar si las actuaciones u omisiones de estas personas tuvieron relación con el posible daño patrimonial. Su inclusión en el proceso no equivale a una declaración de responsabilidad, que deberá establecerse a partir de las pruebas y las decisiones correspondientes.
El caso se suma a los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada sobre la gestión de Coralina durante las vigencias 2023 y 2024. En marzo de 2026, la Contraloría había divulgado hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en contratos para la recuperación de arrecifes, entre ellos deficiencias en los estudios previos y problemas en la justificación de algunos costos.
En esa revisión también se señalaron inconsistencias relacionadas con la contratación de profesionales. Según la información publicada, algunas funciones que correspondían al contratista habrían terminado siendo asumidas por Coralina, aunque se habrían efectuado pagos asociados a las obligaciones inicialmente pactadas.
Protección ambiental y recursos públicos
La investigación adquiere relevancia por el valor ecológico de los arrecifes coralinos, fundamentales para la biodiversidad marina y el equilibrio de los ecosistemas del Caribe colombiano. Estas formaciones sirven de hábitat para numerosas especies y contribuyen a la protección de las costas.
La enfermedad que afecta el tejido de los corales pétreos representa una amenaza para estos ecosistemas, por lo que las iniciativas de restauración requieren planificación técnica, seguimiento y ejecución adecuada de los recursos destinados a su recuperación.
Ahora, el organismo de control deberá establecer si las irregularidades señaladas produjeron un daño al patrimonio público y precisar las responsabilidades que correspondan. El resultado de la investigación será determinante para esclarecer el manejo de los recursos y verificar si el contrato cumplió los objetivos ambientales para los que fue financiado.
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