Sebastián Sénior, investigador del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. Un fallo del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó a la Policía Nacional, a Coralina y al Departamento, controlar de inmediato el uso desmedido de los altoparlantes conocidos como “Pick Ups”, ante la crítica situación que viven los habitantes del archipiélago por la contaminación auditiva.
El fallo -con fecha 1 de marzo- se da luego de una demanda de acción popular que instauró el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario para proteger los derechos colectivos de la comunidad del Barrio Obrero de San Andrés.
“Durante mucho tiempo la comunidad ha sido víctima de la negligencia de las autoridades estatales, que no han emprendido acciones para la disminución efectiva de los niveles de ruido que generan los ‘Pick Ups’. Finalmente, el Tribunal reconoció la responsabilidad que tienen Coralina, la Policía y el Departamento de San Andrés por su omisión ante una situación tan crítica como la que viven los habitantes de la isla”, dijo Sebastián Sénior, abogado investigador de la Universidad del Rosario.
El Tribunal ordenó a Coralina que en un plazo máximo de 30 días elabore y entregue a la Policía Nacional un mapa de ruido ambiental y que realice de manera aleatoria mediciones de ruido en la isla.
Ordenó a la Policía la realización de operativos periódicos que garanticen la tranquilidad de sus residentes y la implementación de medidas tendientes a su restablecimiento. Y al Departamento de San Andrés le exige imponer sanciones a los establecimientos de comercio abiertos al público cuando se violen las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación.
“Era de especial relevancia que el Tribunal interviniera para la protección de los derechos de la comunidad, especialmente por la presencia de centros hospitalarios, residencias y colegios dentro del sector y que estaban siendo gravemente afectados por la situación”, dijo el investigador del GAP de la Universidad del Rosario.
Victoria para el archipiélago
Para Sebastián Sénior, la decisión es una victoria para los sanandresanos que han sufrido los efectos negativos del uso indiscriminado de “Pick ups”. La ausencia de controles en la utilización de estos dispositivos ha fomentado la violencia, causando daños a la comunidad en su seguridad y tranquilidad pública, junto con un alto costo en materia de vidas humanas.
Durante los últimos 3 años se han registrado numerosos casos de homicidios, producto de riñas entre las personas que frecuentan sitios con “Pick Ups”. Es el caso de la muerte del patrullero de la Policía Nacional Andrés Orduz Barajas, quien falleció el pasado 7 de febrero cuando intentaba apagar el “Pick Up” conocido como Alex Stereo, suceso en el que resultaron heridos tres uniformados y dos civiles.
El fallo comprueba que vale la pena luchar por los derechos de la colectividad y que los esfuerzos realizados por el Grupo de Acciones Públicas del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario nuevamente generan resultados, anotó Sénior.
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