El Gobierno Nacional decidió involucrar a un abogado isleño en su delegación diplomática ante La Haya para que atienda asuntos atinentes a las acciones legales que dirime Colombia frente a la Corte Internacional de Justicia, donde varios contenciosos han resultado adversos para la Nación y afectado el territorio del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con lo cual recoge el clamo del Pueblo Raizal de vincular nativos del Departamento en la defensa territorial.
El nombramiento del gobierno colombiano se hizo a través de un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores firmado por la canciller María Ángela Holguín Cuellar, recayendo en cabeza del jurista isleño Fady Ortiz Roca quien fue designado como consejero de Relaciones Exteriores vinculado a la planta global adscrita a la Embajada de Colombia en el Reino de los Países Bajos (Holanda), pero que actúa ante La Haya donde está ubicada la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), mas no en Ámsterdam, la capital holandesa.
Este nombramiento debe tener incidencia en los contenciosos que aún se dirimen en La Haya por parte de la CIJ presentadas por Nicaragua contra Colombia por las aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia, que aun cuando el gobierno colombiano anunció no comparecerá más ante ese órgano, si podrá presentar pruebas y documentar aspectos atinentes a esas demandas, y donde la posición y conocimiento de un abogado sanandresano, permitirá que la voz del Pueblo Raizal pueda ser escuchada en estos escenarios del derecho internacional.
La CIJ en fallo del 17 de marzo se declaró competente para conocer dos nuevas demandas de Nicaragua; una por supuesto incumplimiento de un fallo del 19 de noviembre de 2012 que le concedió a ese país vecino 73 mil kilómetros cuadrados de mar territorial del archipiélago y otra con la que reclama una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas que dejaría encerrado al archipiélago en aguas nicaragüenses.
Fady Ortiz Roca es Abogado y Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Magister en Estudios del Caribe de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de ORFA. Se ha desempeñado como investigador y consultor de Coralina, Alcaldía Distrital de Bogotá D.C, Asamblea Departamental del archipiélago, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y del Programa de Afrodescendientes e Indígenas de USAID-ACDI/VOCA.
Es autor del libro “Los derechos del pueblo raizal del archipiélago más allá del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya”, en el que explica que los efectos del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012 sobre las áreas marinas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en disputa entre los estados de Nicaragua y Colombia, son particularmente negativos sobre el Pueblo Raizal y sus derechos territoriales, los cuales son ancestrales, permanentes en el tiempo e indivisibles. El texto propone un análisis del caso desde la perspectiva del Derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales, que tenga en cuenta la presencia del Pueblo Raizal en el territorio en disputa y en consecuencia su dependencia histórica, cultural y económica con relación a los mares territoriales en disputa.
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